Indígenas del norte de Argentina siguen encadenados al Congreso durante su huelga de hambre

Publicado: 28 sep 2023 20:36 GMT

Miembros del Tercer Malón de la Paz de Jujuy reclaman que se declare la nulidad de la reforma de la Constitución provincial y la intervención federal del distrito.

Un grupo de indígenas integrantes del Tercer Malón de la Paz de Jujuy permanece encadenado al Congreso Nacional de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y alcanzó este miércoles 27 de septiembre su noveno día en huelga de hambre. Otros continúan frente al Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia.

«Somos tres integrantes del Tercer Malón de la Paz y solo tomamos agua», comentó a la agencia Télam el cacique Néstor Jerez, del pueblo Ocloya de Jujuy. «El cuerpo ya pasa factura, se siente el debilitamiento y el mareo», agregó.

La protesta busca que los legisladores debatan la nulidad de la reforma de la Constitución jujeña votada en junio pasado, en medio de la represión policial a manifestantes que se oponían al cambio. También pretende que se declare la intervención federal de la provincia.

Los manifestantes esperan que este jueves 28 de septiembre sean recibidos por integrantes del Senado. 

Por otra parte, desde su llegada a Buenos Aires, el pasado 1 de agosto, miembros del Tercer Malón realizan una «permanencia pacífica» en la plaza ubicada frente al Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema, a la espera de una respuesta ante el pedido de «inconstitucionalidad» de la reforma de la carta magna que impulsó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

El Tercer Malón partió el 25 de julio desde La Quiaca y otras localidades de la provincia norteña y recorrió en autobús y a pie unos 1.800 kilómetros.

Manifestaciones y represión

Las muestras de descontento popular en Jujuy responden a que la reforma constitucional prohíbe el derecho a la protesta a través de «cortes de calles y cortes de rutas», así como «toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos» en la provincia.

Según denunciaron organismos de derechos humanos, la nueva carta magna, que fue aprobada en apenas un mes, no fue consultada con la ciudadanía, ignora la voz de los pueblos indígenas y criminaliza el derecho a la protesta. Su aprobación desató una reacción popular que derivó en una ola de manifestaciones y cortes de rutas que fueron reprimidos por la policía. Los incidentes dejaron cientos de heridos y numerosas detenciones.