Empresa Ferries del Caribe demanda al gobierno de Puerto Rico

La acción tiene como propósito que el gobierno desista de discriminar contra Ferries del Caribe en su operación marítima para el transporte de pasajeros, ya que a las líneas aéreas no se les ha aplicado la misma restricción desde el cierre en marzo al surgir el primer caso de Covid-19.

‘Ferries del Caribe desarrolló los protocolos necesarios para realizar su operación sin que de forma alguna se pueda poner en riesgo la salud y el bienestar de los pasajeros y tripulantes’, señaló la compañía, lo que afecta sus 300 empleos directos y 500 indirectos.

El presidente de esa entidad, Néstor González, indicó que durante las últimas semanas diversos organismos del gobierno boricua y agencias federales visitaron la embarcación y los predios del muelle Panamericano en San Juan para evaluar los protocolos establecidos.

Las agencias quedaron complacidas con la aplicación de los procesos, por lo que el Ministerio de Salud de Puerto Rico emitió su autorización para el reinicio de la operación, por lo que el 8 de noviembre sería el primer viaje, apuntó González.

Mas, el 7 de noviembre, sin que mediara ningún documento escrito y de forma abrupta, Ferries del Caribe recibió una llamada telefónica donde se le indicaba que la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó que se cancelara unilateralmente el acuerdo para transportar pasajeros y que esa cancelación era efectiva luego del 13 de noviembre.

Los pasajeros que transporta Ferries del Caribe son los mismos que actualmente llegan todos los días por el Aeropuerto Internacional de Isla Verde, en Carolina, por lo que los viajes de Ferries del Caribe no conllevan ningún riesgo adicional para Puerto Rico, argumentó.

‘La cancelación de los viajes es una decisión caprichosa, ya que no se fundamenta en datos científicos que la sustente, pues las personas como quiera realizan sus viajes por vía aérea, en un sistema de transporte mucho más inseguro por la falta de distanciamiento físico, entre otras consideraciones’, indicó González.

El juez federal Daniel Domínguez denegó la petición urgente y ordenó una vista el lunes 23 de noviembre para determinar si procede un interdicto preliminar.

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