Solicitan al presidente de Costa Rica vetar pesca de arrastre
Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza, mientras afectará a más de 14 mil pescadores artesanales de Guanacaste y Puntarenas, aseguran.
También, prosiguen, al sector de pesca turística y empresas nacionales como restaurantes, tour operadores y hoteles, quienes dependen de la sostenibilidad del destino turístico para garantizar empleo de calidad en las comunidades costeras.
Para los solicitantes del veto presidencial a esta propuesta legal, aprobada este jueves en segundo y definitivo debate por el Plenario de la Asamblea Legislativa, la pesca de arrastre no es la solución a la crisis socioeconómica que, durante décadas, ha afectado a la provincia de Puntarenas.
También, porque el proyecto de ley continúa posponiendo la implementación inmediata de alternativas productivas que sí atiendan, de manera efectiva, la problemática socioeconómica en el cantón central de Puntarenas.
Finalmente, afirman que Costa Rica merece hacer honor a su compromiso global a favor de la sostenibilidad, pues aprobar la pesca de arrastre es un retroceso ambiental, social y económico, es contrario a nuestra tradición conservacionista y pone en riesgo nuestra reputación como destino turístico responsable.
‘Es vital que este Gobierno asuma su compromiso de campaña y abogue a favor de una reactivación económica sostenible, resiliente, que genera progreso social en el sector pesquero, por medio de prácticas competitivas y sostenibles’, concluye la misiva.
Durante esta jornada, ambientalistas protestaron frente a Casa Presidencial contra la aprobación de la referida propuesta legal y abogaron por el veto presidencial, al estimar que tal práctica provocará un daño ambiental, social y económico, por el mal manejo de los recursos marítimos.
Asimismo, diputados, expresidentes y excandidatos presidenciales manifestaron su oposición a la aprobación de ese proyecto de ley, mientras la ministra de Ambiente y Energía lamentó la decisión de 28 diputados -los que votaron a favor-, porque pondrá en riesgo la biodiversidad marina de Costa Rica.
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Prensa Latina