Una trabajadora sexual neozelandesa recibirá más de 71.000 dólares de compensación económica por un caso de acoso laboral

La indemnización busca para compensar el daño emocional sufrido por la mujer al ser acosada por el dueño del burdel en el que trabajaba.

Una trabajadora sexual de Nueva Zelanda recibirá una «sustancial» indemnización económica de «seis cifras» en dólares neozelandeses (más de 71.000 dólares estadounidenses) como parte de un acuerdo logrado con el dueño de un burdel en un caso de acoso sexual, informó este lunes la Oficina de Procedimientos de Derechos Humanos del país (OHRP, por sus siglas en inglés), de acuerdo a medios locales.

Pese a que el acuerdo alcanzado está sujeto a cláusulas de confidencialidad, Michael Timmins, director de la OHRP, reveló que las partes involucradas, las cuales se mantienen en el anonimato, alcanzaron un «sustancial» acuerdo económico para compensar en daño emocional y el lucro cesante sufrido por la mujer. Sin embargo, no dio a conocer el monto exacto de la indemnización, aunque desveló que esta alcanzaba las seis cifras en moneda local.

Del mismo modo, Timmins apuntó que el acuerdo debería ser un importante recordatorio para todas las empresas del país de que todos los trabajadores, independientemente del tipo de labor que desempeñen, tienen derecho a hacer su trabajo sin ser acosados sexualmente. «Alentamos a todos los propietarios de empresas y empleadores a que se aseguren de que comprenden y respetan esos derechos», agregó.

Por su parte, Catherine Healy, coordinadora nacional del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, calificó el fallo de «histórico» y opinó que la sentencia representa una «advertencia a los operadores de burdeles y a cualquier persona […] para que sean muy conscientes de que las trabajadoras del sexo no tienen que soportar acoso».

La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las trabajadoras sexuales, que las hace propicias a ser víctimas de explotación y abuso sexual, fue reconocida en Nueva Zelanda por la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003, norma que despenalizó el trabajo sexual fue despenalizado y creó un marco legal para proteger y garantizar los derechos humanos de quienes ejercen esta profesión.