«Se pierde credibilidad»: Camila Vallejo reconoce impacto del escándalo de Democracia Viva en Chile

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Chile, Camila Vallejo, reconoció que el escándalo de presunta corrupción que la prensa ha bautizado como ‘Caso Convenios’, y que involucra a la fundación Democracia Viva, ha impactado de manera negativa en el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

«Ha sido muy fuerte para nosotros como Gobierno, pero sobre todas las cosas, porque se suma como un elemento más donde se pierde credibilidad en las instituciones«, dijo en entrevista con el canal Teletrece, en medio de la creciente crisis provocada por las denuncias.

La causa comenzó cuando el medio Timeline, de la Región de Antofagasta, reveló que la secretaría regional de Vivienda, a cargo en ese momento de Carlos Contreras, un militante de Revolución Democrática (RD), le había entregado a través de contratos directos 426 millones de pesos (unos 533.000 dólares) a la fundación Democracia Viva.

Los nexos políticos fueron inmediatos, ya que el representante legal de la fundación era Daniel Andrade, funcionario del Ministerio de Defensa y expareja de la diputada Catalina Pérez, una de las principales figuras de RD, uno de los partidos que integran la coalición que llevó a Boric al poder.

Con el paso de las semanas, el escándalo fue creciendo hasta afectar por completo la imagen de lucha contra la corrupción que ha sido una de las principales banderas de un Gobierno integrado por una nueva generación de políticos. Además, ya son varias las fundaciones involucradas en el otorgamiento presuntamente irregular de fondos públicos.

Las esquirlas han salpicado, por ejemplo, a Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social de Chile y amigo personal de Boric, ya que la diputada Pérez, involucrada directamente en el ‘Caso Convenios’, forma parte de su partido y ocupaba la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, a la que tuvo que renunciar debido a su presunta vinculación con el otorgamiento de los fondos públicos.

En el Gobierno, en tanto, hasta ahora sólo ha renunciado la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, pero la oposición insiste en que el ministro de esta cartera, Carlos Montes, también debe dejar el cargo.

Reacciones

Vallejo aseguró que el caso preocupa e indigna al Gobierno y lo obliga a tomar acciones concretas de acuerdo con los estándares que corresponden a una democracia.

Además, reconoció que el Poder Ejecutivo podría presentar una querella por su propia cuenta para que se investigue si hubo o no alguna anomalía en la entrega de los recursos.

«No lo descartamos, pero por el momento lo que estamos haciendo es recabar toda la información, primero en lo que es el Ministerio de Vivienda, con esta modalidad que viene del 2018 sobre los convenios de transferencia a organismos sin fines de lucro para habilitación de campamentos. Nosotros no podemos ser jueces en esto, lo que tenemos que hacer es querer justicia», dijo.

La semana pasada, Boric ya había advertido que no habrá un «festival de renuncias» como pide la oposición.

«En la medida que me forme la convicción de que hay irregularidades que implican una responsabildiad política, se hará valer. Yo no he ocupado la palabra blindaje porque acá no hay nadie blindado. Quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado ante la justicia, y en la medida en que amerite responsabilidad política, se hará valer la responsabilidad política», garantizó el mandatario.

También insistió en que «no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco» y que las responsabilidades tienen que establecerse con claridad y no sólo a partir de señalamientos.

«Si llegan a mí antecedentes que demuestren que hay una responsabilidad, quien quiera que sea, esa responsabilidad se va a hacer valer y en esto no quiero dejar dudas ni medias tintas», dijo.

La crisis, sin embargo, va en aumento.

Equipo de expertos

La tarde de este lunes, Vallejo anunció que el gobierno decidió conformar un «equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional».

«Esto va a ser un equipo de trabajo que tiene un plazo de 45 días para poder cumplir con los objetivos para los cuales se le ha convocado», indicó.

Así, detalló que el objetivo general de la comisión será «establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro«, concretamente fundaciones y corporaciones, «donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo».

Con base en ello, el equipo tiene, además, varios objetivos específicos. En primer lugar, identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de esas instituciones con el Estado; y segundo, proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en esta relación.

También, esta comisión tiene como propósitos proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de esas instituciones, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos; asimismo, revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses; y a ello se suma, plantear sanciones para el mal uso de los fondos estatales por parte de dichas entidades.

La instancia estará coordinada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile.

Percepción de la población

La consultora Cadem, por ejemplo, realizó una encuesta nacional que reveló que el 86 % de los encuestados consideran que lo ocurrido con la fundación Democracia Viva es corrupción, no simplemente un error administrativo.

Además, el 92 % cree que la diputada Rojas sí sabía que se estaban otorgando los fondos de manera directa a una fundación dirigida por su exposo, en tanto que el 62 % desaprueba la manera en la que el Gobierno está respondiendo al escándalo.

RT espanol