Privatizadora incrementará costo energética en Puerto Rico

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa, aseguró que la privatizadora canadiense-estadounidense alega que ha tenido pérdidas superior a los 80 millones de dólares al bajar el consumo eléctrico.

La compañía planteó al Negociado de Energía de Puerto Rico, llamado a autorizar cualquier alza en la tarifa, un incremento de 2,49 centavos en el trimestre del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. Esto representa un 16,14 por ciento, entre 85.53 y 95.51 dólares para un abonado residencial cuyo consumo es de 400 kilovatios-hora (kWh) mensuales.

Desde que asumió el 1 de junio pasado la transmisión y distribución de la energía eléctrica en esta isla del Caribe mediante contrato a 15 años, la empresa norteamericana ha evidenciado una alta deficiencia con frecuentes apagones, algunos incluso por varios día.

Igualmente, las fluctuaciones de energía y los golpes en el voltaje provocaron desde daños a electrodomésticos hasta incendios en inmuebles.

A pesar de que el gobierno pretendió justificar la privatización alegando mayor eficiencia y evitar el alza en el coste del consumo, la realidad es que desde la entrada de LUMA Energy la situación ha empeorado.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, mantiene una defensa extrema de la privatizadora, cuyo contrato se firmó en el cuatrienio pasado por la gobernadora Wanda Vázquez, también del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

El principal objetivo que perseguía el gobierno del PNP, coludido con un sector del Partido Popular Democrático (PPD), era destruir a la Utier, dada su combatividad, lo que ha logrado parcialmente.

LUMA estableció en su pedido de alza en el precio de la luz que en el trimestre de junio a agosto tuvo pérdidas, debido a una mayor cantidad de clientes no facturados.

El sindicalista Figueroa denunció el silencio cómplice de las gerencias de la AEE y de LUMA Energy para que el pueblo no conozca la realidad del desastre que implica la entrega de los recursos del pueblo a un ente privado.

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