No son casos aislados: La violencia sistemática que sufren los migrantes en México pone sobre la mesa la urgencia de una reforma policial

La muerte de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, a manos de la Policía de Tulum (Quintana Roo), conmocionó a México y El Salvador por la injusticia del caso, la brutalidad de los uniformados y por la suma de violaciones a los derechos humanos que viven los centroamericanos en su paso por el territorio. 

Cuando la presión por el caso de Esperanza Salazar aumentaba, se hizo público que un ciudadano guatemalteco, Elvin Mazariegos Pérez, murió el lunes 29 de marzo en la frontera sur de México, cuando en medio de una revisión vehicular, un soldado le disparó sin motivo alguno al hombre de 30 años. 

El infierno que viven los migrantes

En su paso por México, los grupos de migrantes que atraviesan el territorio sufren múltiples violaciones a los derechos humanos de manera generalizada. Con frecuencia, son víctimas de asaltos, extorsiones, secuestros, torturas, abusos sexuales, asesinatos ydesapariciones.

En 2018, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) atendió a 36.190 personas en situación de movilidad en México, de los cuales, 34.099 (94,2 %) eran ciudadanos centroamericanos.

Durante las entrevistas realizadas en los 23 albergues y centros de la red de 13 estados, se recibieron 3.776 denuncias de delitos y agresiones. De esta cifra, en el 93,3 % de los casos las víctimas eran centroamericanos. 

Aunque la mayoría de estos delitos son cometidos por organizaciones del crimen organizado (54,7 % de los casos) y pandillas, los migrantes entrevistados identificaron que los perpetradores también fueron las propias autoridades, incluyendo la Policía Federal (7,9 %) y la municipal (7 %). 

La estadística proporcionada por REDODEM es solo una pequeña muestra de las violaciones a los derechos humanos de las que son sujetos los migrantes, mayoritariamente centroamericanos, en su paso por territorio mexicano.

Hechos atroces

A la par de ser víctimas de delitos de la delincuencia común, desde 2010 cientos de migrantes han sufrido hechos atroces en su paso por México. 

El pasado 22 de enero, las autoridades encontraron dos camionetas con 19 cuerpos calcinados al interior en el municipio de Camargo, en el estado de Tamaulipas. Tras realizar pruebas genéticas, se identificó que 16 víctimas fatales eran procedentes de Guatemala. Por este caso, hay 12 policías detenidos por su presunta participación en la masacre.

Lo sucedido en Camargo recordó a la masacre de San Fernando (Tamaulipas) de agosto de 2010, en la que 72 personas migrantes fueron asesinadas por un grupo del crimen organizado con apoyo de agentes estatales. También remitió a la tragedia de mayo de 2012, cuando se hallaron 49 cuerpos en una carretera de Cadereyta (Nuevo León), entre los que se encontraban al menos 10 víctimas de nacionalidad hondureña.  

Impunidad

Diversas organizaciones de la sociedad civil señalaron en un informe publicado en julio de 2017, que mientras el Gobierno mexicano se enfocaba en detener y deportar a los migrantes, la impunidad en los delitos contra esta población eran «la regla general», mientras que las investigaciones judiciales exitosas eran «excepcionales».

Entre 2014 y 2016, de un total de 5.824 delitos cometidos contra migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila, solo había 49 sentencias por estos crímenes, lo que equivalía a una impunidad del 99 %. 

En el mismo reporte, diversas asociaciones en defensa de los migrantes aseguraron que grupos de la delincuencia organizada controlaban no solo las rutas de desplazamiento, sino que supuestamente tenían en su nómina a funcionarios públicos de corporaciones de seguridad pública y de las propias Procuradurías de Justicia.

«En estas condiciones, la impunidad por delitos cometidos contra personas migrantes es básicamente automática», advirtieron. 

Abusos de instituciones mexicanas

Además de los crímenes cometidos contra migrantes, las instituciones de seguridad y justicia de México tienen un historial lleno de abusos y una falta de rendición de cuentas, que difícilmente se resolverán solo con realizar detenciones y judicializaciones en casos muy mediáticos, como el de Salazar, que detonó la captura de los cuatro agentes involucrados en la muerte de la salvadoreña Salazar, así como la destitución del director de la Policía de Tulum, Nesguer Vicencio Méndez. 

En mayo de 2019, un trabajador de la construcción, Alejandro Giovanni, de 30 años, fue detenido por elementos de la Policía de lxtlahuacán de los Membrillos (Jalisco), golpeado brutalmente y murió bajo custodia policial, en un caso que conmocionó al país latinoamericano y provocó múltiples protestas. 

Desde 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó que el 63,8 % de las personas en prisiones mexicanas sufrieron algún tipo de agresión física por parte de la autoridad durante su arresto o traslado al Ministerio Público, mientras que el 75,6 % denunció haber sido víctima de violencia psicológica.

Entre las agresiones cometidas por las autoridades están las patadas y puñetazos, que fueron reportadas por el 59 % de los entrevistados. Además, el 39 % de las personas en prisión fueron golpeadas con objetos al momento de su arresto; el 19 % recibió descargas eléctricas; y el 4,5 % fue víctima de violación sexual. 

Todas las autoridades que participaron en las detenciones (ya sea Policía Ministerial, Municipal, Estatal o Federal, el Ejército y la Marina) cometieron diversos tipos de agresiones y tortura, según documentó el INEGI en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). 

No obstante, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen mucho más probabilidad de ser víctimas de violación por parte de la Marina o el Ejército.

De las mujeres que fueron arrestadas por elementos de la Marina, el 40,9 % reportó haber sido víctima de violación, En el caso de las aprehensiones realizadas por el Ejército, el 20,9 % de las detenidas fue víctima de este delito, según un análisis de la ENPOL realizado por las investigadoras Carolina Torreblanca y Estefanía Vela. 

Por otra parte, entre enero de 2006 y junio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 790 recomendaciones a autoridades, de las cuales, 204, eran por violaciones a los derechos humanos, en actos que dejaron a 929 víctimas directas de tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada. 

Las Fuerzas Armadas estaban involucradas en 148 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos. El Ejército estaba señalado en 113 y la Marina en 38, según se desprende del análisis que realizó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Además, las Policías Federales sumaban 46 recomendaciones de la CNDH; las Policías estatales, 21; y las Municipales, 14. 

Reforma institucional

Tras el asesinato de Salazar a manos de la Policía de Tulum, el especialista en seguridad Ernesto López Portillo apuntó que pese a que exista en el futuro una condena para los involucrados, el caso podría repetirse si no se reforma a la institución en materia de «rendición de cuentas» y «con perspectiva sistémica«.

«No son manzanas podridas, son instituciones podridas«, tuiteó el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, agregando que la Policía repite atrocidades porque «nadie quiere mirar a fondo qué pasa con ella».

Por su parte, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, expresó que la muerte de Victoria es un hecho doloroso y muy grave. No obstante, hizo hincapié en la falta de presión social para buscar una transformación de las instituciones policiales. 

«Nos indigna la muerte de Victoria en manos de policías de Tulum. Duele y es gravísimo. Pero a muchos no les indigna que la Policía esté mal capacitada, mal pagada, que no tenga controles externos ni internos. Mientras no queramos transformar a la Policía, el abuso seguirá», tuiteó Morera. 

Para el analista Alejandro Hope, los abusos de las instituciones de seguridad y justicia suceden en un contexto de una deficiente capacitación; pobres condiciones laborales; así como la existencia de controles internos «débiles» y casi nula supervisión externa hacia los uniformados.

Para la organización World Justice Project, una reforma profunda a las Policías de México requiere atender lo siguiente: «Si buscamos reclutar a las y los más aptos y confiables para investigar delitos y atender a víctimas, es urgente capacitarlos, premiar sus logros, ofrecerles condiciones laborales dignas y reconocerlos como trabajadores del Estado».  

En México, los policías ganan, en promedio, 11.787 pesos mensuales (572,8 dólares al tipo de cambio de hoy), según una encuesta de Causa en Común realizada a 4.422 uniformados de 28 estados del país. 

Con este sueldo, la mitad de los policías mexicanas pagan por sus botas y cuatro de cada diez elementos han financiado su uniforme con dinero de su bolsillo.

El asesinato de la salvadoreña Esperanza Salazar, más allá del dolor y la indignación, obliga a México no solo a ver la falta de rendición de cuentas que hace posible que los individuos cometan estas atrocidades a la población, sino también la necesidad urgente de impulsar las reformas para transformar a estas instituciones y evitar la repetición.

En esta transformación, la sociedad también debe velar por los derechos de los migrantes que, buscando una mejor vida, se ven obligados a huir de sus países y enfrentar un sinfín de riesgos y atrocidades en su paso o estadía por el territorio mexicano.

José Beltrán Contreras

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