«¿Me están mirando? Les podría denunciar por acoso»: Las falacias de una diputada ultraderechista española que frivoliza con la violación

El partido político español Vox, una fuerza de ultraderecha conocida por su carácter negacionista de varias realidades –desde las medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus hasta la violencia de género–, ha vuelto a estar envuelta en la polémica, en este último caso en el marco del trámite parlamentario de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’.

En esta ocasión, la diputada de Vox Carla Toscana avivó el debate parlamentario con una recua de argumentos que englobaban todos los tópicos ya desmentidos hace tiempo, pero que ha conseguido correr por las redes sociales para regocijo de sus seguidores y para alarma de una mayoría de ciudadanos.

Vestida con una camiseta con el lema ‘Notmetoo’, en alusión al movimiento MeToo que recorrió el mundo destapando abusos sexuales cometidos contra mujeres de toda condición, Toscana comenzó su discurso en un tono irónico plagado de preguntas ya contestadas muchas veces.

Otra vez las denuncias falsas

«¿Me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox y por eso no voy a hacer nada», comenzaba su intervención Toscana, para continuar advirtiendo: «Si yo fuera otro tipo de mujer por esa mirada les podría denunciar por acoso y podría denunciar incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo. Eso es esta ley».

Lo cierto es que la reforma del Código Penal que incluye el Proyecto de Ley recoge multa de seis meses a dos años para «quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria«. Sin embargo, no recoge una mirada y, además, se refiere a cualquier persona, por lo que un hombre también podría ser víctima de este ilícito.

«¿Qué proponen a los hombres, incluidos los diputados de esta Cámara, en caso de que una mujer les acuse en falso, sin pruebas?», continuaba la diputada, dando pábulo una vez más al bulo difundido por su formación sobre las denuncias falsas.

La Fiscalía y otros organismos ya han informado de que las denuncias falsas de los últimos años representan tan solo el 0,0074 % de las denuncias presentadas y de que, de hecho, en 2020 no se registró ninguna.

Vox suele utilizar la cifra de denuncias archivadas, que es mucho más elevada y que, lejos de respaldar su tesis, avala que la simple palabra de la denunciante no sirve para dictar una condena por lo que muchos casos se acaban archivando por falta de pruebas, no porque el acusado sea inocente.

Por otro lado, el testimonio de las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual sirve de prueba al igual que el de las víctimas del resto de delitos penales, siempre que se cumplan unos requisitos relativos a su credibilidad y que estén corroborados por elementos periféricos.

‘Solo sí es sí’

«¿Tendrán que ir mendigando un firme aquí? ¿Instaurarán el contrato sexual previo? ¿Se tendrán que descargar una aplicación creada al efecto?», son algunas de las socarronas preguntas que lanzó durante su intervención la diputada de Vox, junto con otras de similares características: «¿Será preceptivo tener testigos durante el acto sexual? ¿Habrán de ir a un notario para certificar la legalidad de la coyunda?», utilizadas para burlarse de la norma que pretende aportar mayor seguridad jurídica a las mujeres víctimas de estas agresiones.

La norma lo que hace es definir por primera vez los requisitos del consentimiento, de manera que existe cuando la víctima ha manifestado libremente por «actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes», su voluntad expresa de participar en el acto.

Otro tipo de alusiones, como la referencia a que una mujer tiene que consentir todo el acto sexual si en un momento dado aceptó y que no puede cambiar de opinión –»alegando que cambió de idea a mitad del acto», dijo la diputada– o dando a entender que la ley solo contempla la palabra sí para expresar la aceptación –»¿vale un ‘sigue’ o un ‘más'»– plagaron de falacias un discurso que pretendía menospreciar el concepto de consentimiento.

Mientras, la intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos (UP), se centraba en el lado opuesto en preguntar por qué siempre se cuestiona a la víctima y no se hace lo propio con el agresor.

Una ley ambiciosa

La ley debatida en el Congreso español nace fruto de una inmensa demanda social que se aunó tras el conocido como caso de ‘La manada’, cuando cinco hombres violaron de manera grupal a una chica de 18 años en las fiestas de los Sanfermines de 2016.

Entonces el concepto de consentimiento, como una expresión activa de la voluntad, así como la definición de violación, estuvieron en el centro de multitudinarias manifestaciones y fueron el germen de la gran demostración de fuerza del movimiento feminista el 8 de marzo de 2018, que paralizó el país.

Sin embargo, la ley que aprobó el Consejo de Ministros el 6 de julio, y que ahora se encuentra en trámite parlamentario, es mucho más ambiciosa y recoge medidas de prevención y sensibilización en varios ámbitos, como el educativo, el sanitario y el sociosanitario; la detección de las violencias sexuales; la formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los miembros de la carrera judicial y fiscal, así como de otros profesionales; el derecho a la asistencia integral especializada y accesible para las víctimas; y otros muchos puntos.

1,3 millones de mujeres han sufrido violencia sexual fuera de la pareja

Los datos que arroja España en este ámbito parece que no dan pie a burlas y socarronería. Según la macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer del año 2019, 1.332.052 mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de su vida, 103.487 en los últimos 12 meses.

453.371 mujeres han sido violadas alguna vez, en la mitad de los casos la violencia se repitió en más de una ocasión. En el caso de las niñas menores de 16 años, 703.925 han sido víctimas de violencias sexuales.

En 2020, año marcado por los confinamientos debido a la pandemia, en España se denunció una violación cada cinco horas y media. En 2019 cada 34 minutos se produjo una denuncia por un delito contra la libertad sexual (incluyendo abuso y agresión sexual). Son datos que aporta el Ministerio del Interior.

Nuria López

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