El fiscal de la CPI llega a Caracas para la revisión del caso ‘Venezuela I’

Publicado: 8 jun 2023 23:33 GMT

La visita de Karim Khan a Caracas se produce en un clima de crecientes tensiones entre el Gobierno venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, llegó este jueves a Caracas para dar seguimiento a las investigaciones del caso conocido como ‘Venezuela I’, que indaga sobre presuntas violaciones de la fuerza pública contra ciudadanos, en el contexto de las manifestaciones políticas del 2017.

Khan sostuvo en horas de la mañana una reunión con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, con quien habló sobre la implementación del Memorándum de Entendimiento que se suscribió en noviembre de 2021 para iniciar la investigación del mencionado caso.

Saab comentó que en su encuentro con Khan también intercambiaron opiniones sobre «los logros en materia de protección de los Derechos Humanos» que ha tenido Venezuela.

La llegada de Khan a Caracas se produce bajo un clima de crecientes tensiones, luego de que en abril pasado Venezuela advirtiera que las actuaciones y opiniones del fiscal sobre el expediente se han dado «en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se esperan» de esa institución.

Además, el Gobierno venezolano considera que las expresiones de Khan carencen de fundamentos y muestran «una visión claramente prejuiciada» con respecto al país, porque reproduce «sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos».

Por tal razón, Caracas ha advertido que el fiscal adelanta un ‘lawfare’ (persecución judicial) contra el país, porque «abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos».

El Gobierno venezolano también resaltó que el pasado 28 de febrero de 2023 presentó ante la CPI «un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

«Las afirmaciones recientemente presentadas por el fiscal para nada desvirtúan los irrebatibles planteamientos realizados por Venezuela. Por el contrario, confirman que la CPI carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el fiscal Khan», sostiene Caracas.

El expediente Venezuela I fue abierto por la CPI a petición del «Grupo de Lima», el extinto lobby de gobiernos de derecha que se formó para imponer un cerco diplomático contra Caracas y promover el bloqueo del país suramericano.

Las acciones de la agrupación se complementaron con las medidas coercitivas aplicadas por EE.UU. y la Unión Europea contra Venezuela, acciones que el Gobierno venezolano también denunció para ser investigadas por ese tribunal en el caso ‘Venezuela II‘

¿Cuál es la controversia?

Caracas insiste en que la CPI no tiene fuero para investigar unos hechos que no cumplen con los criterios de gravedad de los casos de lesa humanidad. Por tal razón, Venezuela solicitó a Khan, en abril de 2022, inhibirse de su competencia en favor del sistema de justicia venezolano, conforme al artículo 18.2 del Estatuto de Roma, que establece «la primacía de la jurisdicción nacional».

Además, el Ejecutivo venezolano alega que el fiscal  de la CPI fundamenta sus demandas en «fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización».

Khan, por su parte, asegura que el gobierno venezolano «malinterpreta los elementos de los crímenes y no presenta pruebas o información concreta» que desvirtúen los argumentos de la fiscalía a su cargo. Además, considera que «existe una base razonable para creer» que los presuntos delitos investigados son «parte de un ataque sistemático contra una población civil, de conformidad con o en apoyo de una política de Estado».

El fiscal, que en noviembre pasado solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI reanudar la investigación en Venezuela, después de que quedara suspendida a solicitud de Caracas, asegura que el proceso es viable porque no hay motivos para su aplazamiento.

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