martes, noviembre 5, 2024
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Por qué el gobierno español quiere que WhatsApp y Telegram paguen impuestos

En octubre de 2019, miles de ciudadanos libaneses salieron a las calles a protestar por un impuesto que se pretendía aplicar a los servicios de mensajería instantánea.

La revuelta se conocería como la “Revolución del WhatsApp”

Se trataba entonces de una tasa de $0.20 dólares diarios que se cobraría también a Facetime y Skype.

Tal medida impositiva ahora también esperan implementar en España, como publica este viernes el diario El Mundo.

De acuerdo con la información, una nueva ley de Telecomunicaciones catalogará como operadores de telefonía a las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.

De esa forma, les hará extensiva una tasa de un euro ($1.18 dólares) por cada millar de facturados, siempre que los ingresos brutos de explotación anuales en España superen el millón, explica el periódico.

Rachit Tank/Unsplash

“La teoría es clara, pero la práctica no tanto. WhatsApp, un servicio plenamente instaurado en España, es gratuito en su versión estandarizada y, además, su empresa matriz, Facebook, tiende a canalizar sus números por Europa hacia la sede fiscal que la compañía estadounidense mantiene en Irlanda, un país de laxa fiscalidad. Es decir, el propio carácter gratuito de WhatsApp ya impediría imputarles la tasa, a lo que habría que sumar las dificultades para conocer las cuentas reales en España de estos gigantes tecnológicos procedentes de Estados Unidos”, señala la redacción.

Esta nueva norma introduce un nuevo tipo de operadores telefónicos, los que prestan servicios sin utilizar numeración, a diferencia de los tradicionales Telefónica, Orange o Vodafone.

Así, WhatsApp o Telegram tendrán que detallar la sociedad a la que pertenecen y qué servicio de telecomunicaciones prestan, parte del negocio sobre el que se plantea esta tasa.

El objetivo del impuesto sería financiar los gastos de personal y las operaciones de la Secretaría de Estado y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España.

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