¿Un proceso en peligro? La falta de consensos atasca el proyecto de Constitución en Chile

Con más conflictos que consensos se desarrolla el nuevo proceso para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), luego del fracaso del plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

A diferencia del proceso constituyente anterior, que comenzó en 2020 y terminó con un plebiscito, en este segundo intento no hay mucho entusiasmo por parte de la población y, aunque no se ha presentado el texto que será votado, los chilenos parecen decantarse por volver a rechazarlo cuando se realice la consulta en diciembre.

En el más reciente sondeo de la firma Cadem, publicado el pasado domingo, 54 % de los encuestados manifestaron que votarían en contra del nuevo texto constitucional, mientras que 24 % lo harían a favor.

Asimismo, según la última encuesta Data Influye, de septiembre pasado, solo 10 % de los encuestados se manifiesta «a favor» de un nuevo texto constitucional, mientras que un abrumador 50 % muestra una postura «más en contra».

Además, 18 % de los consultados dijo sentir cautela ante este nuevo proceso constitucional; mientras 17 % identificó un sentimiento de rabia; escepticismo (15%) ; apatía (13%); desvinculación (9 %); miedo (8%) y resignación (7%). Del lado contrario, apenas 8 % manifestó sentimientos de esperanza y 3 % de entusiasmo.

¿Cómo va el proceso?

El proceso arrancó con la elección en el Congreso de la Comisión Experta, conformada por 24 integrantes, en proporción a las actuales fuerzas políticas y partidos representados en la Cámara de Diputados y el Senado.

Esa Comisión se instaló el 6 de marzo y se encargó de redactar un borrador de la nueva Constitución, que fue entregado el 6 de junio.

Tras ello, entró en juego el Consejo Constitucional, conformado por 50 miembros que fueron elegidos el pasado 7 de mayo. El cónclave empezó a trabajar el 7 de junio en la redacción del texto constitucional, tomando en cuenta el anteproyecto presentado por la Comisión Experta.

Hasta este miércoles, el Consejo votará las enmiendas hechas al texto y el próximo sábado deberá devolver el documento a la Comisión Experta. Entonces, arrancará lo que ha sido considerado como el período de mayor importancia en las negociaciones.

Una vez que la Comisión reciba el documento el sábado, tendrá un plazo de cinco días para formular observaciones para mejorar lo redactado. Esas propuestas serán votadas posteriormente por el Consejo y el nuevo texto deberá estar listo el 7 de noviembre, que será sometido a votación en un plebiscito que se realizará el 17 de diciembre.

Puntos polémicos

De acuerdo con la encuesta de Cadem, apenas 36 % de los consultados ha escuchado hablar de alguna de las enmiendas aprobadas para la redacción del nuevo texto constitucional.

Entre los puntos más sensibles que ha tocado el Consejo Constitucional, conformado en su mayoría por la derecha —con 33 asientos de los 50—, está el relacionado con el artículo 16 del texto, donde se cambió la frase vigente «la ley protege la vida del que está por nacer» por «la ley protege la vida de quien está por nacer».

«Esa redacción apunta a que desde el momento mismo de la concepción —como lo profesan, por ejemplo, los creyentes cristianos— lo que se está gestando es alguien, una persona, un quien y no un que», señala un artículo publicado en el portal de investigación Ciper.

Representantes del oficialismo en el Consejo Constitucional calificaron como «un retroceso terrible» ese cambio y aseguraron que pone en riesgo la ley de aborto en tres causales, que rige desde 2017 en Chile y que permite la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad del feto y cuando el embarazo fue fruto de una violación.

Otro de los temas polémicos fue la aprobación de la norma que eleva la objeción de conciencia a un derecho fundamental, en vez de tener carácter excepcional. La enmienda establece «el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional».

Al respecto, la consejera Marcela Araya, del Partido Socialista (PS), comentó que «la religión, la orientación sexual o la identidad de género, entre otras categorías, corren riesgo por esta nueva forma de discriminación que busca ser institucionalizada. Es una discriminación encubierta».

También se suma a los temas controvertidos la norma aprobada referida a la anulación del pago de contribuciones a la primera vivienda. El consejero Alejandro Köhler, del PS, comentó que actualmente el 77 % de los propietarios están eximidos de este impuesto, por lo que la medida solo beneficiaría a los «más ricos» y que la implementación de esto afectará fuertemente a los ingresos municipales.

«Preocupado»

La semana pasada, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que estaba «preocupado por el éxito» del proceso constitucional.

«A mí lo que me interesa es que el proceso constituyente resulte bien y espero que se llegue al más amplio consenso posible […] Hemos trabajado por tener una nueva Constitución y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos, no solamente la visión de un sector», expresó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Señaló que esa posición la dejó clara el pueblo chileno en el plebiscito de septiembre del año pasado. «Espero que las voces que se están levantando, apuntando al mayor consenso posible, sean escuchadas», mencionó.

La derechista Evelyn Matthei, alcaldesa de la comuna de Providencia en Santiago, ícono del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y la figura mejor posicionada en la carrera para unas próximas elecciones presidenciales, lanzó críticas al proceso constitucional hace algunas semanas.

«No existe ese ánimo en el Consejo de tratar de hacer un esfuerzo para tener una Constitución que sea aceptable para todos los sectores […] Más parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución. Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución», expresó, en declaraciones a El Mercurio.

Sin embargo, quien piensa distinto es el también derechista y excandidato presidencial José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, organización que tiene mayoría en el Consejo Constitucional, con 22 asientos.

Durante su participación en un seminario el pasado lunes, Kast manifestó que en este segundo intento por cambiar la Constitución «todo se ha hecho de manera correcta, responsable», por lo que considera que pueden darle la vuelta a la percepción que tiene la gente sobre el proceso. En esa línea, afirmó que el 17 de diciembre hay una «gran oportunidad, inmejorable para cambiar el futuro de Chile».

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RT espanol