Saña en los crímenes e impunidad en las investigaciones: las historias de 14 periodistas asesinadas en México en las últimas dos décadas
En la mayor parte de los casos han sido ejecutadas a tiros. A algunas las decapitaron. A otras las torturaron hasta matarlas.
Eran 14 mujeres que tenían entre 20 y 68 años y a las cuales ejercer su oficio como periodistas en México les costó la vida. Varias de ellas sufrieron amenazas antes de ser asesinadas, pero el Estado las dejó solas. También a sus hijos, que quedaron huérfanos. Una vez muertas, sin investigación de por medio, hasta hubo funcionarios que las quisieron culpar de su tragedia. Que si eran «crímenes pasionales». Que si tenían vínculos con el crimen organizado.
Aunque algunas trabajaban para medios nacionales, todas las víctimas reporteaban en el interior del país, en donde las condiciones son más precarias y peligrosas que en la Ciudad de México. La impunidad sigue cubriendo los casos porque, a pesar de que ha habido condenas excepcionales, no se termina de descubrir y juzgar a los autores intelectuales.
De acuerdo con la organización Artículo 19, desde el año 2000 hasta marzo de 2022, en México habían sido asesinados 153 comunicadores. De ellos, 12 son mujeres. Pero a la lista se agregaron la semana pasada las periodistas veracruzanas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera. Son las más recientes, pero difícilmente van a ser las últimas.
Por eso México es, desde hace años, el país más peligroso para trabajar como periodista.
El común denominador de estas reporteras es que denunciaban la corrupción, la complicidad de autoridades con el crimen organizado, las injusticias, la impunidad. Sus asesinos lograron acallar sus voces, frenar sus investigaciones. Y así, lacerar derechos fundamentales como el acceso a la información y la libertad de expresión.
Violencia sin fin
Veracruz es el estado más letal para las periodistas. Ahí ya hubo un récord de seis reporteras asesinadas. Le siguen Tamaulipas y Oaxaca, con dos, mientras que Chihuahua, Guerrero, Tabasco y Baja California registran uno por entidad.
El primer caso documentado por Artículo 19 ocurrió el 16 de abril de 2005, cuando la periodista radial Dolores García Escamilla, de 39 años, fue acribillada en Tamaulipas. Recibió 14 disparos y murió después de permanecer 12 días en un hospital. Nadie ha sido juzgado por este crimen.
Tres años más tarde, el 7 de abril de 2008, Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felícitas Martínez, de 20 años, fueron asesinadas por siete hombres que les dispararon con fusiles mientras viajaban en auto en una carretera. Ambas trabajaban en Radio Copala, en Oaxaca.
La investigación estuvo plagada de anomalías, ya que no se cuidaron las pruebas de la escena del crimen ni se tomaron declaraciones a todos los involucrados. Además, sus familiares fueron amenazados. En 2008, a las víctimas se les otorgó el Premio Nacional de Periodismo post mortem.
Era la etapa inicial de la guerra contra el narcotráfico que el expresidente Felipe Calderón había comenzado a fines de 2006, y que solo exacerbaría la violencia en todo el país, sin hacer mella alguna en el poder de las organizaciones criminales.
Las agresiones a la prensa se intensificaron en los años siguientes, cada vez con más saña.
El 27 de julio de 2011, el cuerpo de Yolanda Ordaz de la Cruz, una periodista veracruzana de 48 años y madre de dos niñas, fue encontrado decapitado. Hacía solo algunos días le había exigido respuestas al entonces procurador estatal Reynaldo Escobar sobre los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco y Misael López Solana, sus compañeros del portal Notiver.
Para tratar de frenar la conmoción que provocó el asesinato, Javier Duarte, el gobernador que convirtió a Veracruz en el estado más peligroso para la prensa, sugirió que Ordaz de la Cruz estaba relacionada con el crimen organizado. Pasaron cinco años para que la justicia le imputara a él mismo este delito. El político fue procesado con cargos por corrupción, millonarios desvíos de fondos, lavado de dinero y vínculos narco, que incluso utilizó pasaportes falsos para huir del país y al que le encontraron millones de pesos en efectivo ocultos en su casa.
En 2017, por fin, fue detenido en Guatemala y luego extraditado a México, en donde al final del juicio en su contra fue condenado a nueve años de prisión.
Conmoción
La lista de periodistas asesinadas se incrementó el 24 de septiembre de 2011 con Elizabeth Macías Castro, una reportera de 39 años y madre de dos hijos que fue decapitada en Tamaulipas. Los criminales dejaron el cuerpo tirado al pie de un monumento, a la vista de todos. Un día antes la habían secuestrado al salir del diario Primera Hora, aunque en realidad gran parte de su trabajo lo difundía a través de las redes sociales.
Pasaron solo siete meses para que otro crimen conmocionara al gremio y a las organizaciones de derechos humanos nacionales internacionales.
El 28 de abril de 2012, Regina Martínez, una periodista veracruzana de 48 años fue asesinada en su casa, con huellas de tortura y asfixiada por estrangulamiento. La repercusión se debió, en gran parte, a que trabajaba como corresponsal de Proceso, una legendaria revista de periodismo de investigación, y del diario La Jornada, ambos medios de alcance nacional y con sede en la Ciudad de México.
Las autoridades estatales insistieron en que se trataba de «un crimen pasional». Funcionarios allegados a Javier Duarte incluso llamaron a otros periodistas para «advertirles» que Martínez era lesbiana y que llevaba «una vida disipada», como si eso justificara de alguna manera el crimen.
En octubre de ese año, un hombre llamado Jorge Antonio Hernández Silva se declaró culpable del asesinato en complicidad con José Adrián Hernández Domínguez. En su primera versión, dijo que la habían asaltado, pero luego reconoció que había confesado bajo tortura, por presión de policías que le aplicaron choques eléctricos en los testículos. Aunque fue condenado a 38 años de prisión, la investigación quedó bajo un caudal de dudas.
Otro crimen de alta exposición mediática fue el de Anabel Flores, una periodista veracruzana de 32 años que el 8 de febrero de 2016 fue secuestrada de su casa por un grupo de hombres armados y vestidos como militares. Otra vez, el Gobierno de Javier Duarte sugirió que la víctima estaba relacionada con cárteles. Dos días después, su cuerpo fue encontrado semidesnudo, la cabeza cubierta con una bolsa de plástico y signos de tortura. Tenía dos hijos, uno de cuatro años y otro de solo 15 días de nacido.
Pero todavía faltaba otro asesinato que iba a tener impacto internacional.
¿Justicia?
El 23 de marzo de 2017, Miroslava Breach, una periodista de 53 años y corresponsal del diario La Jornada, fue ejecutada con ocho tiros en la ciudad de Chihuahua, cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. El crimen tuvo mayor impacto, además, porque se cometió poco tiempo antes del asesinato de Javier Valdez, ocurrido en mayo de ese mismo año.
Ambos periodistas eran ampliamente reconocidos y respetados. La presión social para esclarecer sus muertes logró que, en el caso de Breach, en agosto de 2020 Juan Carlos Moreno fuera condenado a 50 años de prisión por ser autor material de un homicidio que se adjudicó a una represalia del Cártel de Sinaloa contra la reportera.
Un año después, Hugo Schultz Alcaraz, exalcalde municipal de Chínipas, Chihuahua, recibió una pena de ocho años de cárcel por haber ayudado a los autores intelectuales y materiales. Se convirtió así en el primer político sancionado por la justicia en una investigación relacionada con los crímenes contra periodistas. Pero no todos los culpables han sido capturados.
La violencia jamás cesó. Casi un año después, el 5 de febrero de 2018, Pamela Montenegro una periodista y youtuber de 36 años, fue baleada en Acapulco. De la misma forma mataron a Norma Sarabia, en Tabasco, el 11 de junio de 2019. De 36 años y madre de un hijo, se convirtió en la primera reportera ejecutada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A ella le siguió el 30 de marzo del año pasado María Elena Ferral, una periodista de 50 años acribillada en Veracruz. Con la excusa de que hay varios detenidos, el gobernador Cuitláhuac García ha querido dar por resuelto y cerrado el caso, a lo que la familia se resiste mientras denuncia irregularidades en la investigación.
2022, otro año sangriento
Este año ya han asesinado a 11 periodistas en México. Tres de ellos, mujeres. Las tres, a tiros.
El 23 de enero de 2022 mataron a Lourdes Maldonado, de 68 años, en Baja California. En ese mismo estado, apenas una semana antes, su colega Margarito Martínez también había sido acribillado. Ella participó en las marchas para exigir justicia.
La indefensión de la prensa en México volvió a evidenciarse. En 2019, Maldonado había acudido a una de las conferencias de prensa de López Obrador en la Ciudad de México. Le pidió ayuda, le explicó que temía por su vida, que tenía un pleito legal con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. El video de su exposición se viralizó el día de su asesinato.
No hay tiempo para duelos. El pasado lunes, otra vez en Veracruz, Yessenia Mollinedo Falconi, de 45 años, y Sheila Johana García Olivera, de 33, fueron acribilladas adentro de un auto.
En la semana previa al crimen, la periodista reveló que le había ganado al exgobernador un juicio laboral después de nueve años, ya que trabajaba en una cadena de televisión propiedad de un político que, desde entonces, está bajo sospecha.
La impotencia y el hartazgo de los periodistas se tradujo en protestas en la Cámara de Diputados, en el Senado, y en las conferencias de López Obrador, en donde algunos trabajadores de prensa convocaron a no hacer preguntas como forma de protesta. Otros pidieron un minuto de silencio por las víctimas. También hubo lágrimas.
No hay tiempo para duelos. El pasado lunes, otra vez en Veracruz, Yessenia Mollinedo Falconi, de 45 años, y Sheila Johana García Olivera, de 33, fueron acribilladas adentro de un auto.
Las promesas de las autoridades de investigar «hasta las últimas consecuencias» se repiten tanto como el escepticismo y las protestas de sus colegas.
RT espanol
