Presupuesto del Estado en Cuba protegerá a población ante ordenamiento

La Habana, 20 dic (Prensa Latina) Cuba se prepara hoy, mediante el presupuesto estatal, para proteger a la población del efecto de devaluación de la moneda nacional, que se producirá a partir de la implementación del ordenamiento monetario.

El 1 de enero la isla amanecerá con el peso como única moneda nacional, a una tasa de cambio única de 24 pesos (CUP) por un dólar, pero también nuevos salarios y una subida de precios de productos y servicios.

Para aminorar el impacto del proceso, el presupuesto aprobado recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) para 2021 contempla varias adecuaciones tributarias y erogaciones para subsidiar determinados programas.

En este sentido destaca que 26 mil 263 millones de pesos (alrededor de mil 94 millones de dólares) se destinan a subsidiar los precios y tarifas de un grupo de productos de alta sensibilidad.

Entre ellos se encuentran dietas médicas y para embarazadas, alimentos para niños, medicamentos controlados para personas con enfermedades crónicas, productos de ópticas, artículos médicos y servicios de transportación.

Este tipo de acciones remarcan la naturaleza eminentemente social del presupuesto cubano, que se expresa además en el respaldo a programas como los de educación, salud pública y asistencia social, insistió la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, al presentarlo al Parlamento.

Solo en esos sectores se invertirá el 52 por ciento de los gastos planificados para el próximo año, lo que incluye los recursos financieros para el curso escolar 2020-2021 y el inicio del 2021-2022 en todos los niveles de enseñanza, incluida la especial y alrededor de 180 mil estudiantes universitarios.

Asimismo asume niveles de actividad en salud similares al 2020, con más de 174 millones de consultas y un millón 450 mil ingresos hospitalarios, entre otros elementos.

El presupuesto igualmente prevé 33 mil 139 millones de pesos (más de mil 380 millones de dólares) para cubrir las prestaciones de la Seguridad Social a alrededor de un millón 600 mil personas, entre las que se hallan trabajadores jubilados, pensionados por invalidez y beneficiarios de las licencias de maternidad-paternidad.

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