Presidente venezolano acusa a Colombia de exportar la violencia

‘La región enfrenta una gran amenaza; es la violencia y terrorismo que exporta Colombia, es la mafia que está en el poder. Lleva muerte, droga y asesinato, y tiene en la mira a nuestra patria’, manifestó.

Aseguró que Venezuela denunciará y presentará pruebas en los próximos días de que detrás de las acciones violentas protagonizadas por bandas criminales en el suroeste de Caracas, está la mano de los mercenarios y paramilitares del país vecino.

Destacó la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro que se desplegó desde el 7 de julio en las parroquias de El Cementerio, El Valle, El Paraíso y La Vega, en Caracas, para desmantelar esos grupos criminales.

Explicó que los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran tras la búsqueda de los cabecillas de la banda y los paramilitares restantes, quienes están huyendo.

También reconoció la labor de los organismos de seguridad que actuaron en el operativo y ordenó que los territorios liberados sean reconstruidos con educación, cultura, deporte y el Poder Popular.

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó también que esas acciones armadas buscan crear zozobra y angustia en la población, para socavar el Estado de derecho y la institucionalidad de los organismos de seguridad.

La alta funcionaria señaló que no es casual que esos enfrentamientos se intensificaron luego que el 16 de marzo el jefe del comando sur de EEUU, Craig Faller, y más recientemente el director de la CIA, Williams Burns, visitaran Colombia, con el supuesto fin de establecer coordinaciones con grupos de la fuerza armada colombiana.

Indicó que estos actos también están relacionados con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, donde fueron capturados 26 colombianos que participaron en ese magnicidio.

Rodríguez precisó que esos grupos irregulares tienen relación con el opositor Juan Guaidó, y se refirió a los reportes de prensa que indican que la empresa mercenaria contratista de los colombianos involucrados en el magnicidio en Haití, es propiedad del activista de la derecha venezolana Antonio Intriago, con sede en Florida.

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