Por segunda vez militares salvadoreños niegan al juez el acceso a archivos de El Mozote, la mayor masacre de las últimas décadas en América Latina

El presidente Nayib Bukele declaró hace dos semanas que se desclasificarían todos los documentos militares referidos a la matanza, que tuvo lugar en 1981.

Los militares de la Fuerza Aérea de El Salvador han negado este lunes por segunda vez el acceso al juez Jorge Guzmán Urquilla para revisar archivos relacionados con la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 y considerada la mayor matanza documentada de civiles a manos de las fuerzas armadas de la historia reciente de América Latina.

A pesar de que el tribunal de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, emitió un auto que autorizaba la inspección de los documentos militares, un oficial, identificado como el capitán Ortiz, defendió ante el juez: «No podemos dejarlo entrar primero porque el señor presidente [Nayib Bukele] ya entregó la documentación que se posee».

«No es así. El tribunal no tiene ninguna documentación de la que él mencionó en la conferencia de prensa que iba a entregar», respondió el magistrado Guzmán.

«Fíjese que ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la Institución Armada. Y no están haciendo una valoración conforme a los derechos humanos», argumentó el juez ante la verja que le impedía el paso, a donde acudió acompañado de peritos especializados, fiscales y abogados.

Hasta el lugar también se desplazaron grupos de activistas, como ‘Salvadoreños y salvadoreñas construyendo memoria’, que colocaron figuras de cartón, flores, velas y exhibieron carteles exigiendo justicia.

La promesa de Bukele

Tanto el militar como el juez se referían a las declaraciones que realizó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el pasado 24 de septiembre. Entonces, el mandatario sostuvo: «Este es el 100 % de los documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone pudieron haber participado o tuvieron algo que ver en la masacre», señaló Bukele en alusión a cinco carpetas con documentación.

El presidente afirmó que serían entregados a la Fiscalía General de El Salvador y al tribunal de San Francisco Gotera, a cargo de la instrucción del caso, y también que la mayoría de los archivos habían sido destruidos en estos cuarenta años.

En esa misma comparecencia, Bukele anunció la desclasificación de archivos presuntamente relacionados con la matanza, sin que haya trascendido hasta el momento si fueron entregados al juez Guzmán y a la Fiscalía.

Por el momento, en el expediente judicial el único escrito enviado por la Presidencia del país que consta es una misiva en la que se explican los argumentos para impedir el acceso amparándose en que el artículo 168 de la Constitución, que obliga a entregar información a la Asamblea Legislativa, exceptúa los planes militares secretos.

Incluso la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado. Este lunes declaró improcedente una petición del ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, en la que solicitaba la suspensión de las inspecciones programadas.

Casi 1.000 víctimas civiles

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de élite del Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar. Los hechos tuvieron lugar en el caserío El Mozote y sus aledaños, en el departamento de Morazán (a unos 180 kilómetros al noreste de la capital, San Salvador), en una operación en busca de guerrilleros insurgentes.

Durante esta intervención muchos cuerpos fueron abandonados en el interior de una iglesia que posteriormente fue incendiada. En una fosa común, los forenses encontraron 136 esqueletos de niños con una media de edad de seis años.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas responsabiliza de esta masacre al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del Batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia, y a otros seis oficiales. Ninguno de ellos ha sido juzgado debido a la ley de Amnistía de 1993. Los dos primeros ya han fallecido.

En 2016 la sala de lo Constitucional emitió una sentencia de insconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Guzmán fue el primer juez en aplicarla y reabrir el caso de El Mozote solo tres meses después de esa histórica sentencia. Bukele acusa a este magistrado de estar involucrado en una campaña política del  FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido de izquierdas) con la intención de dañar la imagen de su Gobierno y de la Fuerza Armada.