La propuesta de crear un comando contra «grupos criminales migrantes» pone a la alcaldesa de Bogotá en el centro de otra polémica por xenofobia
En medio de una polémica, el Gobierno de Colombia dejó sin efecto la creación de un comando para combatir a «estructuras criminales de migrantes» que había sido anunciada por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto a Migración Colombia, en una rueda de prensa. Esta medida, que debería tener efecto en la capital colombiana, generó fuertes críticas y señalamientos de organismos de los derechos humanos que la catalogaron de estigmatizante y xenofóbica.
A pesar de que el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, estuvo junto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la reunión del Consejo de Seguridad Distrital donde se informó sobre la conformación del comando, horas más tarde, tras una reunión con el mandatario colombiano, Iván Duque, tuvo que anunciar que el Ejecutivo había echado la medida atrás debido a que este tipo de acciones eran competencia exclusiva del Gobierno.
López escribió en su cuenta de Twitter que respetaba la decisión del Gobierno pero que no la compartía e insistió en la necesidad de «identificar y judicializar a extranjeros que cometen delitos«. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo ya han expresado su preocupación por el anuncio.
¿Cuál era la propuesta de la alcaldesa?
Durante una rueda de prensa celebrada el miércoles, la alcaldesa se refirió al sistema de prerregistro, identificación biométrica e identificación plena de migrantes que se desarrolla en la ciudad. «Para que sepamos quiénes son, podamos darles la bienvenida y acogerlos a los servicios de la ciudad», argumentó.
«Bogotá quiere ser la primera ciudad que determina totalmente el registro de la población migrante», aseveró.
López también anunció la creación de un comando conjunto entre la Policía, Migración y la Fiscalía «para combatir bandas criminales que involucran a la población migrante» que, según expresó, «representa un factor de inseguridad en la ciudad».
«Las estructuras criminales están operando con un altísimo nivel de violencia armada y homicida, incluso contra miembros de la Policía, y eso nos obliga a reforzar el trabajo para identificar y judicializar a sus miembros», dijo sin dar más detalles.
Esta no es la primera vez que la máxima autoridad de Bogotá enciende la polémica y genera comentarios en contra por sus declaraciones sobre los venezolanos. En marzo de este año, tras el homicidio de un policía, presuntamente a manos de un migrante del país vecino, afirmó que algunos grupos de ciudadanos de nacionalidad venezolana eran «profundamente violentos» y que «primero asesinan y luego roban».
Según el comandante de la Policía de Bogotá, en la capital colombiana, que tiene unos siete millones de habitantes, hay identificados 340.711 migrantes venezolanos, que corresponderían al 20 % de los que se encuentran en Colombia. De esta cifra, han sido capturadas 2.550 personas extranjeras por cometer delitos, de las cuales 165 tienen medida de aseguramiento, recoge El Tiempo.
La postura similar de Migración
El titular de Migración, después de reunirse con Duque, aseguró que no habría «ninguna creación» de un comando de ese tipo y que se debía «trabajar en la defensa de colombianos en las diferentes ciudades» y «en la protección de migrantes».
Sin embargo, la semana pasada Espinosa se manifestó en la misma línea de López. Desde Costa Rica dijo que Migración trabajaba de forma articulada con la Fiscalía, la Policía y las fuerzas militares para «detener y judicializar aquellos extranjeros que cometan actos delictivos en el país, independientemente de su nacionalidad».
«Este es un mensaje para todos los ciudadanos extranjeros, incluidos los venezolanos: el que delinque, será presentado ante los jueces», advirtió.
El titular del organismo adscrito a la Cancillería hizo esta declaración tras el homicidio en Bogotá del patrullero de la Policía Nacional Humberto Sabogal, presuntamente cometido por un ciudadano venezolano, que fue detenido.
«Ser solidario no quiere decir ser laxos con la delincuencia. A quienes cometan un delito les decimos que en Colombia, la única salida será la cárcel», agregó.
Las reacciones en contra
Antes de que la medida anunciada por López quedara sin efecto, la CIDH expresó en varios trinos su «preocupación» por la creación del comando y recordó que «los mensajes y políticas públicas» que tildan a los migrantes de «delincuentes» promueven la «estigmatización y animadversión de esta población, al culparla del aumento de índices de violencia y criminalidad en los Estados».
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo publicó en su cuenta de Twitter que «estigmatizar a la población venezolana o a cualquier otra población migrante exacerba la xenofobia» y que «toda acción dirigida a mitigar la inseguridad» debe «estar dirigida contra los actos de delincuencia sin ningún criterio de discriminación».
Finalmente, la Defensoría aseveró que la creación de comandos contra extranjeros resulta contraria a todos los tratados de derechos humanos y a la Constitución.
El rechazo también surgió de sectores políticos. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, catalogó de «simplemente fascista» la propuesta de López y aseguró que «el incremento de la delincuencia tiene una raíz social«.
En otro trino, el también excandidato presidencial dijo que «en el afán desesperado por recoger la votación de derechas que el uribismo está perdiendo», frente a los venideros comicios presidenciales de 2022, López se puso «a la derecha del mismo Duque».
Colombia y los vaivenes con los migrantes
El tema de los migrantes ha sido parte fundamental de la política exterior de Duque, que asevera que en Venezuela existe una «crisis humanitaria», consecuencia de la «dictadura» de Maduro, que habría generado una «crisis migratoria» que ha afectado principalmente su país.
Por su parte, Caracas ha atribuido el incremento de la salida de venezolanos a la agudización de la compleja situación económica causada por las sanciones que buscan generar presión para deponer a Maduro, aunque ha cuestionado la cifra de casi dos millones de venezolanos que estarían en Colombia.
En marzo de este año, Duque anunció la implementación de un Estatuto de Protección Temporal (ETPV) para regularizar, por una década, a los venezolanos en territorio colombiano. Hasta ahora, se ha registrado más de un millón de migrantes, según cifras colombianas.
La medida fue repudiada por Venezuela que aseguró que solo buscaba «lavarle la cara» al mandatario colombiano, que no reconoce como legítimo a su homólogo y que, según Caracas, ha participado en planes para generar violencia y derrocar al mandatario.
Si bien Colombia ha recibido de EE.UU. unos 132 millones de dólares para la asistencia de los migrantes venezolanos, además de los recursos otorgados por otros países, el presidente del país suramericano ha pedido más ayuda para atender la supuesta «crisis humanitaria» y vacunar a los ciudadanos venezolanos.
El tema de las vacunas también generó polémica porque Duque había dicho que los migrantes en situación irregular no serían inmunizados en el plan nacional, lo que generó críticas en organismos internacionales como la CIDH, que solicitó garantizar el acceso a los antígenos a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Nathali Gómez
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