La nueva disputa entre Petro y el fiscal por supuesta inacción de la Justicia en cientos de asesinatos

Una nueva serie de altercados se suman a la larga cadena de disputas entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el titular de la Fiscalía General, Francisco Barbosa. En esta oportunidad, el tema central de la discusión es la supuesta inacción de varios funcionarios de la dependencia, que habrían tenido información sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre 200 personas, quienes finalmente fueron asesinados por el Clan del Golfo.

En medio de este reciente incordio, que se extiende desde finales de abril, Petro le ha pedido a Barbosa reiteradas veces que responda sobre esta denuncia recogida por un periodista colombiano, a lo que el titular del Ministerio Público ha cuestionado la potestad presidencial para dar ese tipo de instrucciones.

Nuevamente el poder Ejecutivo y el Judicial tienen diferencias en cuanto a la celeridad que deben tener las investigaciones, la gravedad de las denuncias y la llamada «separación de poderes».

Los duros intercambios han acompañado buena parte de la gestión de Petro. Ya el presidente y el fiscal se habían visto enfrentados por temas como la ‘paz total‘, las supuestas irregularidades en el ente acusador, el tráfico de cocaína en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la propuesta de reforma penal y procesal adelantada por el mandatario, entre otros.

Más cuestionamientos 

Desde Salamanca, en su visita oficial a España, el mandatario recordó las funciones atribuidas al jefe de Estado en la Carta Magna y dijo que sus integrantes debían respetarlo.

«Es Estado comprende todas las ramas del poder público, las coordina y les garantiza su autonomía», expresó.

Se refirió nuevamente a la denuncia publicada en ‘La Nueva Prensa’ por el periodista Gonzalo Guillén, quien sostiene que un grupo de fiscales del Ministerio Público supuestamente conocía una lista con los nombres de 200 personas que serían ultimadas por el Clan del Golfo.

Petro puso sobre la mesa más interrogantes relacionadas con las posibles razones para que los asesinados, tras ser incluidos en una lista del grupo criminal de origen paramilitar, no fueran advertidos y custodiados por los fiscales de que sus vidas corrían peligro. 

«¿Por qué no se les avisó?, ¿por qué no se les protegió?, ¿por qué apresaron a quienes adelantaban la investigación?, ¿por qué ninguno de los jefes del Clan del Golfo, que asesinó a 200 personas, fue capturado?«, cuestionó el mandatario.

El presidente dijo que como jefe de Estado «merece que se le responda», más allá de los «insultos» de Barbosa, del cual es «jefe administrativo».

Las duras preguntas de Petro

En un trino previo, el presidente afirmó que el fiscal general «quiere evadir la respuesta a una pregunta hecha por un periodista«.

El líder del Pacto Histórico ya había comentado este artículo de Guillén el pasado 27 de abril, cuando tuiteó que le parecía «sumamente grave» esa denuncia.

Según el periodista, estos homicidios habrían sido ordenados por miembros de ese grupo criminal, entre los que se encontraría el fallecido narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe Hernández’.

La publicación señala que los funcionarios del ente acusador no habrían brindado protección a las víctimas para impedir sus muertes.

Por ello, Petro preguntó: ¿por qué la Fiscalía «no hizo nada para prevenir los asesinatos»?

En su interacción recordó que ‘Ñeñe Hernández’ «financió una campaña presidencial», con referencia a la supuesta compra de votos para el candidato Iván Duque que habría coordinado el expresidente Álvaro Uribe. 

Según el mandatario, el narcotraficante, ultimado en Brasil, en 2019, «hacía parte de una asociación de 14 asesinos cuyos nombres con cédula reposan desde hace años en la Fiscalía sin ordenes de captura».

«¿Es cierto que no existen órdenes de captura?«, inquirió.

«Soy el jefe de Estado»

Las nuevas tensiones subieron a su punto más álgido cuando en unas breves declaraciones desde Salamanca Petro le envió un mensaje a Barbosa:

«El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él».

Esta respuesta ocurre tras unas afirmaciones de fiscal general que tildó a Petro de «tuitero de oposición de su propio Gobierno y de la institucionalidad colombiana», recoge el diario colombiano El País.

«Él no es el fiscal general de la Nación y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal soy yo«, aseveró al rechazar que el mandatario le pidiera a la Fiscalía «empujar las investigaciones».

Petro «está desbordando sus capacidades»

En esta seguidilla de altercados, Barbosa dijo este viernes que el presidente atentaba «contra la Constitución, la rama judicial y la división de poderes en Colombia», según una entrevista de La FM.

El fiscal lanzó otro dardo contra Petro y aseguró que «está desbordando sus capacidades y eventualmente convirtiéndose en un dictador».

«Si él cree que es mi jefe, entonces que me declare insubsistente», cortó. En la función pública existe una acto administrativo para retirar a un funcionario de libre nombramiento de manera discrecional. 

El titular del Ministerio Público dijo que la comunidad internacional debe estar «alerta» y que se trasladará a «Washington a explicar esta situación. Esto es inédito». 

Según lo que explicó, fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, por lo que «el presidente no es mi jefe, ni me investiga, ni estoy bajo sus órdenes», recoge el diario colombiano El País.

La denuncia de la que habla Petro

En su artículo, Guillén afirma por más de tres años, supuestamente el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, séptimo delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, habría recibido «reiteradas alertas e informaciones policiales urgentes sobre más de 200 homicidios que iban a ser cometidos por el Clan del Golfo en la Costa Norte».

Las informaciones, supuestamente no atendidas, habrían sido suministradas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Según la denuncia, acompañada por varios documentos incluidos en el texto, Hernández Martínez habría permitido que ocurrieran esos asesinatos y habría brindado protección a los supuestos 14 homicidas principales, que permanecerían en libertad «y continúan delinquiendo».

Otra disputa

El pasado 3 de mayo el presidente volvió a referirse al tema en una interacción en Twitter en la que usó comillas. En su escrito dijo que «el Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén».

Frente a este tuit, Barbosa dijo el jueves que «el presidente fijó el trino y acompañó una publicación en donde está el hijo menor del fiscal Hernández», por lo que pide protección para su familia.

Manifestó además que Hernández «es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela», ocurrida en 1989 en el corregimiento del mismo nombre, en el municipio Simacota (Santander), «porque su padre [Luis Hernández Muñoz] fue asesinado por los paramilitares».

En ese hecho fueron ejecutados extrajudicialmente doce funcionarios judiciales que investigaban delitos en esa zona cometidos por grupos paramilitares con supuesta colaboración de agentes del Estado.

«Decirle a una víctima, reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de su padre, por parte de los paramilitares, que es un defensor de los paramilitares, es una acusación gravísima«, aseveró el fiscal.

Una imputación y una defensa en libertad

En diciembre de 2022, la Fiscalía le imputó a Hernández Martínez los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo como parte de la investigación del caso Odebrecht, recoge W Radio.

Según el ente acusador, el llamado ‘fiscal estrella’ del caso Odebrecht habría evitado registrar en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones las órdenes de captura contra siete presuntos implicados en el escándalo de corrupción y tampoco habría dado parte a la Policía Internacional (Interpol) para que se emitiera una circular azul.

Del mismo modo, habría amenazado al exsenador Otto Nicolás Bula, quien había manifestado su voluntad de ofrecer su testimonio como testigo del entramado de corrupción que salpicó a varios países de la región.

A pesar de estas acusaciones, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá determinó que Hernández Martínez podía defenderse en libertad, por lo que descartó su arresto domiciliario, según Semana.

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RT espanol