La megacárcel de El Salvador recibe a los primeros 2.000 presuntos pandilleros

Publicado: 24 feb 2023 22:21 GMT

«Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas», dijo el presidente Nayib Bukele al respecto.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que la madrugada de este viernes fueron trasladados los primeros 2.000 presuntos pandilleros a la recién inaugurada gigantesca prisión conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

«Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población«, escribió Bukele en su cuenta en Twitter.

El mandatario acompañó la publicación con un video en el que se puede observar a los reos, descalzos y sin camisa, usando solo bermudas, al momento del traslado a la nueva prisión.

Los reos fueron trasladados desde las prisiones La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador; y el complejo penitenciario de Izalco, ubicado en el departamento de Sonsonate, reportaron medios locales.  

Debido a que los traslados se hicieron de manera sorpresiva, familiares de los reos llegaron hasta las afueras de los penales de Izalco y La Esperanza en busca de información.

Para 40.000 reos

El CECOT, ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, fue inaugurado por Bukele a finales de enero. Esa prisión tiene una capacidad para albergar a 40.000 presos.

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, la cárcel cuenta con pabellones para confinamiento de reos, casa para perros guardianes, edificio de custodios, así como almacén de armas y equipos de seguridad; también con control de acceso con escáner de cuerpo completo, escáner paquetero y arco metálico; y fábrica para 64 talleres en diferentes áreas, como pintura, pupitres, textilería, entre otros.

Las tareas de seguridad del recinto estará en manos de más de 600 soldados de la Fuerza Armada y 250 efectivos de la Policía Nacional Civil.

En El Salvador rige un régimen de excepción, aprobado en marzo del año pasado y, según cifras oficiales, a la fecha se han detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno señala de ser pandilleros, de las cuales se han liberado a más de 3.700.

En enero pasado, Human Rights Watch denunció que, con base en una base de datos a la cual tuvo acceso, pudo «corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción».

La organización señala que hay hallazgos de «violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia».