¿Hubo sabotaje a la consulta popular? El partido de López Obrador impulsa un juicio político contra el presidente del Instituto Nacional Electoral

La histórica consulta popular que se realizó el pasado domingo en México recrudeció la pelea entre el Gobierno que encabeza el presidente mexicano Andrés López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano al que el oficialismo acusa de haber saboteado este ejercicio de participación ciudadana.

El pleito escaló nuevamente luego de que Sergio Gutiérrez Luna, diputado y representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el INE, confirmara en una entrevista con el diario El Universal que impulsarán un juicio político en contra del presidente del organismo, Lorenzo Córdova, y el consejero Ciro Murayama.

El objetivo, explicó, es destituirlos por haber boicoteado la consulta popular en la que participaron 6,6 millones de personas, 98 % de las cuales se pronunció a favor de «emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas», lo que abría la puerta a investigar y juzgar a los responsables, principalmente a los expresidentes.

«Vemos una posibilidad real [de avanzar en el juicio político] porque lo que han venido haciendo ya no es algo normal y ya hasta están violando su propio reglamento y tenemos las pruebas«, acusó Gutiérrez Luna.

Desde el Gobierno han denunciado que el INE no promovió la consulta e hizo todo lo posible para desalentar la participación, ya que instalaron pocas casillas y en sitios que no estaban identificados o de difícil ubicación, lo que complicó a los ciudadanos que querían votar.

El INE, por su parte, advirtió que, debido a los drásticos recortes presupuestales impuestos por López Obrador, no contaba con los recursos necesarios para organizar la consulta ni para desplegar el mismo número de casillas que en una elección legislativa o presidencial.

Acusaciones

El reglamento del INE establece que el presidente del organismo y los consejeros electorales pueden ser removidos por causas graves, como la realización de conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral; o por cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros.

También serán sujetos de remoción por negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones, o por emitir una opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse excusado del mismo.

Desde el año pasado, López Obrador y los dirigentes de su partido han insistido en que tanto Córdova como Murayama han demostrado parcialidad absoluta en los procesos electorales, por lo que deberían ser destituidos, demanda que reforzaron a partir de una consulta que el INE insiste en que publicitó de la mejor manera posible, dados los escasos recursos con los que contaba.

De hecho, en abril pasado, previo a las elecciones legislativas que se realizaron el 6 de junio, Morena ya había solicitado el inicio de un juicio político en contra de las máximas autoridades electorales ante la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, que está formada por las comisiones de Gobernación y Justicia.

El líder de la bancada oficialista, Ignacio Mier, advirtió la víspera que impulsarán nuevamente este proceso porque Córdova ya demostró que es «un consejero militante» opositor al Gobierno, no un técnico idóneo para ocupar el puesto.

La versión del oficialismo es que el INE saboteó la consulta porque forma parte del sistema antidemocrático que amparó la corrupción de pasados gobiernos y quiere impedir que los expresidentes sean juzgados.

A ello atribuyen el hecho de que solo haya votado el 7 % del padrón, ya que se requería que participara por lo menos el 40 % para que el resultado fuera vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio.

Defensa

Ante las insistentes críticas de López Obrador, legisladores y seguidores de Morena, el INE publicó un desplegado en el que aseguró que había trabajado para que la consulta fuese un éxito.

También aclaró que el INE no fue responsable de cambiar la fecha de la consulta para que esta no coincidiera con los comicios del 6 de junio, ya que así quedó establecido en la Constitución por decisión del Poder Legislativo. Por otra parte, recordaron que desde ese órgano no se redactó «una pregunta confusa», ya que ello fue una atribución de la Suprema Corte de Justicia.

«En modo alguno el INE retrasó la promoción de la consulta, ya que fueron las dos cámaras del Congreso de la Unión las que decidieron que la convocatoria entrara en vigor hasta el 15 de julio pasado», recordaron en el comunicado.

Con respecto a las mesas de votación, recordaron que solicitaron la ampliación de recursos para poder instalar 104.000 centros, pero les fueron negados.

«Rechazamos las acusaciones y descalificaciones que se han realizado en contra de la institución, así como en contra de las consejeras y los consejeros», señaló.

En respuesta a las nuevas amenazas de un juicio político, el consejero Murayama destacó las contradicciones del Gobierno, ya que el lunes López Obrador aseguró que la consulta había sido un éxito.

Reclamos

Después de la consulta, el mandatario mexicano aseguró que el INE no tuvo ningún entusiasmo en su organización.

«Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas. Se pudo haber pedido colaboración de gobiernos estatales, municipales, del pueblo pero ni se hablaba del tema», acusó.

También anticipó que presentará un proyecto de reforma que fortalezca la democracia. «Tenemos un aparato electoral que es el más costoso del mundo», dijo al reiterar una de sus críticas más frecuentes al organismo.

La disputa entre López Obrador y Lorenzo Córdova, presidente del INE, a ratos adquiere un tono personal. En 2015, por ejemplo, el presidente lo definió como «clasista y racista, un académico carente de convicciones, un técnico del conocimiento electoral, encumbrado sin el mérito de la congruencia y la honestidad».

En los últimos meses, ha calificado a Córdova y al resto de los funcionarios del INE y del Tribunal Electoral como antidemócratas, golpistas, parciales, conspiradores, simuladores y conservadores.

Uno de los episodios más tensos se vivió en abril, cuando las autoridades electorales cancelaron el registro de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón como candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por parte del Morena, pero la escalada de enfrentamientos no se ha detenido.

Cecilia González

RT espanol