¿En qué consiste la polémica batalla legal del Reino Unido para deportar a Ruanda a miles de solicitantes de asilo?
El Reino Unido lucha una polémica batalla legal para llevar a cabo su política de deportación a Ruanda de personas de cualquier nacionalidad que solicitan asilo, un criticado plan que busca disuadir a los migrantes de llegar ilegalmente a la isla.
El primer vuelo chárter de deportados debía partir este martes, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) intervino minutos antes del despegue alegando que el plan conllevaba un «riesgo real de daño irreversible«.
Una batalla legal
El TEDH es un tribunal de derechos humanos con sede en Estrasburgo que se ocupa del cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Puede dictar sentencias jurídicamente vinculantes cuando se violan los DD.HH. de cualquier persona que pertenezca a alguno de sus Estados miembros, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura o el derecho a la intimidad, entre otros. No es un organismo de la Unión Europea, sino que forma parte del Consejo de Europa, del que Londres sigue siendo miembro después del Brexit.
Así, este martes el Tribunal dictaminó que un iraquí conocido como ‘KN’ corría «un riesgo real de sufrir un daño irreversible» si era enviado a Ruanda. La sentencia desencadenó mecanismos legales nacionales que impidieron que otras seis personas volaran a Ruanda, informa la BBC.
En respuesta, la ministra del Interior británica, Priti Patel, declaró este viernes en una entrevista a The Telegraph que «la opacidad con la que ha actuado este tribunal es escandalosa», y aseguró que Londres tiene previsto realizar más vuelos. «Los preparativos para el próximo vuelo comienzan ahora», indicó. La alta funcionaria detalló previamente que el tribunal «no dictaminó que la política o las reubicaciones fueran ilegales», pero prohibió la expulsión de tres personas en un vuelo. Además, el Gobierno del Reino Unido no descartó retirarse del CEDH y afirmó que apelará la decisión. «Estamos manteniendo todas las opciones sobre la mesa, incluyendo cualquier otra reforma legal que pueda ser necesaria», señaló un portavoz ministerial.
La decisión del tribunal europeo llegó luego de que la Corte de Apelación británica dictaminara que «no puede interferir» con la decisión original de un tribunal inferior que permitió la semana pasada la deportación a Ruanda. El sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS) del Reino Unido, que representa a cerca del 80 % del personal de la Fuerza de Fronteras, había presentado el lunes este caso, junto con las organizaciones benéficas Care4Calais y Detention Action.
Refiriéndose a la decisión tomada por el Tribunal Superior el pasado viernes, el juez de la Corte de Apelación dijo: «Consideramos que el juez ha emitido una sentencia detallada y cuidadosa, que es aún más impresionante teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo con las que tuvo que dictarla» en ese «caso urgente e importante».
Otra impugnación, esta vez en el Tribunal Superior, también fue desestimada. Asylum Aid, una organización benéfica de refugiados, había solicitado una medida cautelar urgente para impedir que el Gobierno trasladara a los inmigrantes a Ruanda. Los abogados de la organización alegaron que el procedimiento adoptado por los ministros era injusto. Sin embargo, el juez falló en contra de Asylum Aid y permitió la deportación.
¿Cuál es el objetivo del Reino Unido?
La iniciativa presentada el 14 de abril por el primer ministro británico, Boris Johnson, prevé que «cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, incluidas aquellas que han llegado de forma irregular desde el 1 de enero, podrá ser reubicada en Ruanda«. Además, destacó que esta iniciativa «proporcionará rutas seguras y legales para el asilo», mientras que los migrantes podrán «construir una nueva vida en ese dinámico país [africano], con el apoyo financiero» de Londres.
Johnson calificó el plan de «enfoque innovador», fomentado por el impulso humanitario compartido del Reino Unido y «posibilitado por las libertades del Brexit», afirmando que, con la ayuda de Londres, Ruanda tendrá la capacidad de reasentar a «decenas de miles de personas en los próximos años».
De igual forma, en una conferencia de prensa en abril en la capital ruandesa, Kigali, la ministra Patel insistió en que el objetivo del acuerdo era mejorar el sistema de asilo del Reino Unido. Según ella, este se ha enfrentado a «una combinación de verdaderas crisis humanitarias y de malvados contrabandistas de personas que se aprovechan del sistema para su propio beneficio». Asimismo, las personas reubicadas en Ruanda «recibirán apoyo que incluye hasta cinco años de formación, integración, alojamiento, atención médica, para que puedan reasentarse y prosperar».
Según las cifras del Gobierno británico, el número de inmigrantes que realizan el peligroso viaje a través del canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones va en aumento. Las llegadas detectadas usando este método han pasado de 229 en 2018 a más de 28.000 en 2021.
¿Por qué Ruanda?
El Gobierno de Ruanda afirma que está preparado para atender a 1.000 solicitantes de asilo procedentes del Reino Unido durante el periodo de prueba, pero que tiene capacidad para muchos más. «Queremos que Ruanda sea un lugar acogedor y haremos todo lo posible para que los inmigrantes sean atendidos y puedan construir su vida aquí», indicó la portavoz del Gobierno, Yolande Makolo.
Las autoridades del país africano confirmaron este miércoles que siguen comprometidas a acoger a los solicitantes de asilo enviados por el Reino Unido. «No nos desaniman estos acontecimientos. Ruanda sigue plenamente comprometida a hacer que esta asociación funcione«, declaró Makolo. «La actual situación de personas que realizan viajes peligrosos no puede continuar, ya que provoca un sufrimiento indescriptible a muchas personas. Ruanda está preparada para recibir a los migrantes cuando lleguen y ofrecerles seguridad y oportunidades en nuestro país», añadió.
Ruanda ya acoge a unos 150.000 refugiados procedentes de otros países africanos, como los vecinos Burundi y la República Democrática del Congo. El país construyó un centro de tránsito para acoger a los solicitantes de asilo deportados en 2019 y acoge a migrantes libios que intentaron viajar a Europa a través del mar Mediterráneo. Asimismo, el año pasado Dinamarca firmó un acuerdo no vinculante con Ruanda para acoger también a sus refugiados.
Principales críticas
El proyecto migratorio impulsado por el Gobierno británico ya había recibido críticas de parte de la Iglesia anglicana. Durante la última misa de Pascua, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dijo que la iniciativa presenta «serias cuestiones éticas» y que el Reino Unido tiene la «responsabilidad nacional» de no transferir sus compromisos «subcontratando» los servicios de una tercera nación.
Por su parte, el arzobispo de York, Stephen Cottrell, definió al plan como «atroz y angustiante», a la vez que pidió un trato justo para todos los refugiados y migrantes. «Las personas que llegan de Siria, de Yemen, tienen tanta necesidad como la gente de Ucrania, y necesitan ser tratadas con la misma dignidad y la misma compasión», expresó.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) manifestó que este tipo de iniciativas «evaden obligaciones internacionales y contradicen el contenido y la esencia de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados», por lo que aseguró que esas personas «no deben ser tratadas ni transportadas al extranjero, como si fueran mercancía».
Asimismo, en una proyección del Consejo de Refugiados se indica que la cantidad de personas que terminarían en prisión tras llegar de manera ilegal a través del canal de la Mancha serían unas 19.000 en cuatro años, lo que tendría un costo de 835 millones de libras esterlinas al año (unos 1.064 millones de dólares).
«Castigar a las personas, tratarlas como criminales y carga humana para ser expulsadas a Ruanda, no solo es inhumano, cruel y desagradable, sino que no servirá de nada para abordar las causas por las que las personas realizan viajes peligrosos. Las personas que huyen de la guerra y la persecución siempre deben tener una audiencia justa en suelo británico», afirmó Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo de Refugiados.
RT espanol
