El polémico caso de una mina junto al río Guapinol de Honduras que terminó en la condena de seis ambientalistas y el repudio internacional
La Justicia de Honduras juzgó a ocho ambientalistas que se oponían a un proyecto minero y este miércoles declaró culpables a seis de ellos por los delitos de «daños simples y agravados» en desmedro de la empresa Inversores Los Pinares (ILP), sumado a la «privación ilegal de la libertad» y los «daños agravados» contra un contratista. Este fallo causó indignación a nivel internacional.
El conflicto se origina en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, al norte del país, donde la firma extractivista comenzó a operar desde el 2014. La polémica se desató en 2018 cuando los habitantes de la comunidad El Guapinol notaron que el río homónimo había cambiado de color, y se puso turbio. Los lugareños usaban ese agua para todo: darse una refrescante zambullida, lavar la ropa, cocinar y hasta para beber. Su estilo de vida cambió por completo.
Una residente apodada «Luciana» por motivos de seguridad, le dijo a Contra Corriente que el río Guapinol se contaminó con sedimentos de tierra que cayeron por la instalación de una carretera que conecta con la mina. «No se mira nadie en el río porque no sirve ese agua, ni los animales se acercan», expresó. Desde la firma, replicaron que las aguas de la zona se ponen turbias cada vez que llueve, entre las 8:00 y las 12:00, aunque los residentes remarcaron que el caudal permanece oscuro todo el tiempo. De una u otra forma, las familias se vieron obligadas a comprar botellones de agua de un dólar para subsistir, sumando un nuevo gasto diario.
Una extraña aprobación del Estado
La autorización obtenida por ILP para llevarse los minerales del territorio dejó más dudas que certezas. El espacio involucrado se encuentra dentro del Parque Nacional Montaña Botaderos, declarado en 2012 como un área protegida. Ese enorme espacio natural tiene 96.755 hectáreas, divididas en dos sectores: 24.333 de la «zona núcleo», la más delicada, y 72.531 de la «zona de amortiguamiento».
A fines del 2013, un diputado de Colón presentó una modificación del decreto y el Congreso la aprobó: la zona central del parque perdía 217 hectáreas bajo ese ‘status’, incluyendo 100 concesionadas por la minera. El portal Criterio repasó en 2019 que la Ley de Minería solo restringe la actividad para los espacios inscriptos en el Catálogo de Patrimonio Público Forestal Inalienable, pero este parque nacional no se había incluido. Había vía libre para extraer óxido de hierro.
A ello le siguieron más contradicciones: el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió un dictamen en 2014 donde desaconsejaba la actividad extractiva en la zona, pero la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) determinó la viabilidad. Por algún motivo, en junio de ese año el ICF se desdijo y lanzó otro dictamen avalando a la minera, algo que para muchos alude a posibles presiones empresariales. Así, ya no había impedimentos para que en diciembre la Secretaría de Energía diera su autorización final.
En cuanto a los capitales involucrados, una publicación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) reveló que desde 2015, y por al menos cuatro años, la principal productora de acero en EE.UU., Nucor, se asoció al conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversores Los Pinares.
Movilización, muertes y judicialización contra ecologistas
Al interpretar que el río se estaba contaminando, un pequeño grupo de mujeres, junto a sus hijos y nietos, hizo una toma de once días frente a la sede de la Municipalidad de Tocoa, en 2018. Al no encontrar respuestas del alcalde, decidieron organizarse y pasaron a llamarse Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. Después, lanzaron el Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida. Varios de sus integrantes afirmaron que recibieron amenazas durante el acampe en la zona de La Ceibita, a unos seis kilómetros del centro de Tocoa.
La medida de protesta, que intentaba evitar la actividad minera, fue judicializada. Como primera respuesta, la Justicia hondureña ordenó la cárcel preventiva, es decir, sin juicio previo. «Han cumplido más de 29 meses de privación arbitraria de la libertad», cuestionó por estos días la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas.
Mientras la tensión iba en aumento, el conflicto se caracterizó por el aumento de la violencia. «Pasaron a actos de terrorismo, entraron a nuestra propiedad, dispararon, amenazaron y quemaron un carro», exclamaba en 2018 Roni Ambrosio, un asesor técnico de la minera. Igualmente, el único herido reportado por esa época fue un joven de 20 años, de la comunidad, quien recibió un disparo.
El año siguiente, un minero de ILP y una mujer que lo acompañaba fueron asesinados cuando iban a su casa en Guapinol: «Bueno, mineros, la cacería empezó», decía un cartel que habrían dejado los atacantes, según publicó La Prensa. En octubre de 2020, se reportó el asesinato del defensor ambiental Arnold Joaquín Morazán Erazo. Según la ONG Front Line Defenders, dos hombres en motocicleta fueron a su vivienda y lo atacaron a tiros.
La lista sigue.
«El veredicto es una vergüenza»
Como última medida, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo decidió condenar a seis activistas: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo y Orbin Nahuan Hernández. Sobre los otros dos implicados, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez, no se pudieron obtener pruebas en su contra. Las penas y otros detalles de la sentencia se van a conocer el 21 de febrero.
Hasta entonces, el Poder Judicial hondureño afronta una catarata de críticas de organismos internacionales. Al conocerse los votos del Tribunal, Naciones Unidas expresó «su profunda preocupación por el fallo». Incluso señaló que los condenados «son defensores de derechos humanos, de la tierra, el territorio y el medioambiente, que ejercen una labor encomiable en favor de la democracia en el país».
La representante de la ONU en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano, opinó este jueves que «corresponde su liberación y reparación integral», señalando que no deberían recibir «acciones penales sin fundamento». En sintonía, Érika Guevara-Rosas, a cargo de Amnistía Internacional para América, dijo que el veredicto «es una vergüenza y una afronta a los derechos humanos en Honduras y toda la región». Y concluyó: «No descansaremos hasta verlos en libertad». La presidenta Xiomara Castro, en su primer discurso al frente del Ejecutivo, prometió «libertad para los presos políticos del Guapinol».
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RT espanol
