El desalojo de un predio campesino por una textilera privada en Venezuela provoca un conflicto que llega hasta la Asamblea Nacional

Un grupo de campesinos en Venezuela denunció que una textilera privada ejecutó un desalojo ilegal de sus predios, destruyó todos los sembradíos, mató decenas de animales y derribó sus viviendas, con el amparo de un cuerpo de policía municipal y el alcalde de la localidad. El caso ha provocado revuelo dentro del Ejecutivo y llegó este jueves al seno de la Asamblea Nacional.

La empresa, identificada como Guatire Textil, habría desalojado el asentamiento Villa Zamora 21 del estado Miranda, a una hora de Caracas. Según los denunciantes, el alcalde de ese ayuntamiento, Raziel Rodríguez, dio a la orden a los efectivos policiales para que los sacaran a los campesinos del predio, acusándolos de «invasores».

El hecho se conoció después de que la politóloga Lennys Medina, familiar directa de una de las cinco familias afectadas, denunciara a través de Twitter sobre la intervención del predio y mostrara con fotos y videos sobre los hechos.

«Encarcelados sin justificación»

En declaraciones a RT, Medina detalló que el desalojo comenzó el pasado 12 de abril, a pesar de que los campesinos cuentan con un permiso de adjudicación de cartas agrarias, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Para colaborar con la policía, cuatro de los habitantes de la comunidad rural accedieron a acompañar a los uniformados a una estación para aclarar su situación en el espacio Villa Zamora 21, pero cuando llegaron al lugar fueron detenidos.

«Encarcelaron bajo engaños y sin justificación a cuatro personas, entre ellos, a mi abuelo Exiquio Ruiz, de 76 años de edad, una persona de la tercera edad y patrimonio cultural del municipio. Los empujaron y los dejaron por 27 horas detenidos sin ninguna explicación, sin ninguna orden, sin nada que dijera que eso era legal», dijo Medina.

En el comando policial también mantuvieron retenida a la madre de Lennys, Reina Ruiz, quien aseveró que durante las horas que los privaron de libertad también fueron amedrentados. «Nos violaron nuestros Derechos Humanos», dijo, tras exigir la reparación por los daños causados.

«Es un ecocidio»

Mientras los campesinos estaban retenidos en la estación policial, funcionarios policiales junto al equipo de seguridad de la empresa de textiles habrían entrado al predio con maquinaria de arrastre para destruir unos 8.000 metros cuadrados de siembra productiva. De acuerdo al testimonio de los afectados, también derrumbaron varias viviendas, mataron decenas de animales y talaron árboles longevos.

«No sólo destruyeron sus casas, también es un ecocidio, es un agravio en contra del alimento de la gente, es una maldad en contra de personas que día tras día usan sus manos y herramientas para hacer crecer la siembra», agregó Medina.

Cuando la denuncia fue conocida, funcionarios del Gobierno nacional manifestaron su repudio y expresaron su apoyo a las familias visitando el lugar para llevar insumos, investigar lo sucedido y colocar un dispositivo de seguridad.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó que el alcalde Raziel Rodríguez será imputado por los hechos y divulgó un audio que obtuvo el Ministerio Público, en el que se escucha al intendente dar la orden de destruir el asentamiento porque, según él, se trataba de una «ranchería» y una «invasión» que no estaba permitida.

El ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, reiteró que los afectados cuentan con el apoyo del Estado y prometió justicia ante «semejante atropello». De igual forma, el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, calificó el hecho como un acto «fascista».

Una pista de karting

Este jueves, el asunto escaló hasta el Parlamento. Durante un derecho de palabra, el diputado Cabello pidió la creación de una Comisión Especial de Investigación, que fue aprobada por unanimidad, para estudiar los hechos y presuntos delitos cometidos por la textilera, el alcalde, trabajadores de la alcaldía y la policía local.

«Que se instale una comisión que investigue, interpele, haga todo lo que tenga que hacer para parar y frenar cualquier brote fascista en este país«, dijo Cabello, quien instó a que esa misma Comisión investigue las denuncias de atropellos en otras regiones del país.

En cuanto a lo sucedido en el predio en Guatire, Cabello aseguró que el objetivo de la empresa y el alcalde era «montar una pista de karting en el terreno de los campesinos«.

«Hemos visto al fascismo de frente, la muestra del señor alcalde es un acto de fascismo en un contra un pueblo indefenso (…) en otra Venezuela eso pudiera quedar así, con nosotros eso no puede quedar así, por eso tenemos que defenderlos», señaló el parlamentario.

«Absolutamente inaceptable»

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó el desalojo como una acción «absolutamente inaceptable» que debe ser castigada. «¿A quién se le ocurre derribar samanes centenarios para poner una pista de karting?«, cuestionó.

«Asociarse con gente de dinero para desalojar votantes de tu municipio, cometiendo delitos tras delitos, permitiendo ecocidios brutales como el que se permitió, no puede pasar desapercibido, no puede pasarse por alto y tampoco se puede minimizar, debemos ser ejemplarizantes y me refiero al país todo, al Estado todo, a la República toda, que se sienta la fuerza del Estado en contra de los que cometieron estos delitos», agregó el jefe de la Asamblea Nacional.

En los próximos días, de acuerdo a lo pactado, la Comisión deberá trasladarse hasta el predio, entrevistar a los campesinos, interpelar al alcalde, a los policías y empresarios involucrados.

El grupo parlamentario está integrado por el diputado Ricardo Molina, como presidente; Azucena Jaspe, como primera vicepresidenta; Óscar Rondero, en la segunda vicepresidencia; y los diputados Pedro Infante, Rosa León, Blanca Eekhout, Eirimar Malavé, Juan Carlos Alvarado y Nixon Maniglia.

RT espanol