Desplazados en Colombia y olvidados en Bogotá: qué hay detrás del ultimátum de desalojo contra 1.500 indígenas embera

Quedan menos de 24 horas para que se cierre el plazo que han impuesto las autoridades para proceder al desalojo de un campamento de indígenas embera que permanecen asentados en el Parque Nacional de Bogotá, desde hace casi un mes, exigiendo sus derechos al territorio, a la salud, a la vivienda y a la reparación.

Hasta ahora se estima que son unos 1.500 indígenas desplazados los que se encuentran en Bogotá, víctimas de un conflicto que no ha cesado a pesar de los casi cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De hecho, no son los únicos, ya que en el país suramericano se cuentan 8 millones de personas que se han visto obligadas a salir forzosamente de sus territorios por culpa de la violencia armada.

«Los embera que se encuentran en Bogotá, víctimas del desplazamiento forzado, han resistido contra la discriminación, el abandono institucional y el olvido», recordaron desde la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Colombia. 

Mientras el Gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá se pelotean las responsabilidades, varios indígenas han tenido que ser hospitalizados con afecciones respiratorias, producto de la precaria situación en que se encuentran, ya que duermen en un campamento dentro de las instalaciones del Parque Nacional. El jueves, además, se frustró el intento de secuestro a un bebé de la comunidad.

¿Por qué están en Bogotá?

A principios de octubre, un grupo de alrededor de 1.000 indígenas embera decidió asentarse en el parque, como medida de protesta para demandar atención del Gobierno nacional y distrital en materia de salud, educación y vivienda. En tiendas improvisadas de lona y plástico, fijaron una residencia temporal que no les protege adecuadamente de las lluvias y el frío en la ciudad.

Esa medida de presión, según relataron voceros de la comunidad, fue por el «incumplimiento total» por parte del Gobierno nacional con los compromisos establecidos para garantizarles sus derechos en su territorio, del que han sido desplazados por la acción de grupos armados.

Buena parte del grupo llegó a Bogotá procedente del departamento del Chocó, uno de los más afectados por la violencia armada, el narcotráfico y la pobreza. Otros se instalaron allí porque ya no podían seguir pagando los alquileres en el sur de la capital colombiana, debido a la suspensión de las ayudas que les ofrecía el distrito por ser víctimas de desplazamiento.

Aunque la alcaldía de Bogotá ha defendido su política, aduciendo que el distrito ha destinado 1.895 millones de pesos (alrededor de 500.000 dólares) de ayuda inmediata, desde marzo de 2020 hasta septiembre de este año, a 1.277 personas pertenecientes al pueblo Embera, lo cierto es que el fin de ese auxilio ha dejado en la calle a estas personas en la capital colombiana.

Su posición es la de no moverse del parque hasta obtener respuesta de las autoridades y alegan que no tienen garantías para volver a sus territorios. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, insiste en que deben salir del lugar o ser reubicados en el parque La Florida, en las afueras de la capital, donde su gobierno ha dispuesto de un albergue temporal.

Pero los indígenas no están de acuerdo con irse a ese lugar, ya que además de estar lejos del centro, donde no pueden comercializar sus artesanías, no cuentan con agua potable, denunció María Violén Medina, integrante de la comunidad Nasa.

«De aquí no nos vamos a parar, de aquí no nos vamos a mover, el inspector en un proceso irregular está haciendo su ejercicio llevándose por encima derechos constitucionales que tenemos los pueblos», indicó Median, en relación con la medida de desalojo dictada el jueves por el inspector de Policía,Javier Orozco.

¿Y ahora qué?

La situación de los indígenas ha despertado tensiones. Por un lado, la alcaldesa se niega a negociar y acusa a los líderes de esas comunidades de «instrumentalizar» la protesta y negarse a irse al albergue por un «chantaje político», mientras que los embera rechazan ese señalamiento y aseguran que la policía del distrito intenta desalojarlos por la fuerza, sin resolver el tema de fondo, porque su interés es despejar el sitio por las fiestas decembrinas.

«Si les preocupa por poner las lucecitas de navidad, las pueden poner, nosotros somos ciudadanos, también las podemos disfrutar«, afirmó la lideresa María Violén Medina.

El Gobierno nacional, por su parte, ha prometido que hará un censo para registrar la situación de cada uno de los miembros del campamento, que está compuesto en 70 % por mujeres, niños, niñas y ancianos. La Unidad de Víctimas hará la caracterización, pero se espera que ese sea solo el paso previo para el desalojo. Sin embargo, los indígenas han dicho que no colaboran con ese proceso.

Según El Espectador, además de las garantías para un retorno seguro a sus territorios o la reubicación temporal, los miembros de la comunidad han exigido participar en la implementación de las políticas públicas indígenas en Bogotá, lo que habría ocasionado discrepancias.

Aparentemente, esa petición choca con la posición de algunos cabildos indígenas previamente establecidos en los territorios de origen de esas comunidades, que advierten que el reconocimiento a nuevos líderes en Bogotá supone un riesgo «para la unidad de los pueblos y reivindicaciones como sujetos colectivos de derechos sobre intereses personales».

De momento, la medida de desalojo sigue en pie. Las autoridades han prometido hacer el mínimo uso de la fuerza, pero la desconfianza de las comunidades está latente ante el precedente de las violentas irrupciones del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía.

Nazareth Balbás

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