«Corresponde más al perfil de una agente»: Fiscal venezolano sobre el caso contra Rocío San Miguel

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, indicó este lunes que la abogada Rocío San Miguel, actualmente detenida por las autoridades, utilizaría como fachada su supuesto activismo de derechos humanos para actuar como una espía especializada en asuntos militares de alta confidencialidad, para informar a potencias extranjeras que adelantan conspiraciones contra el Estado venezolano.

«La señora Rocío San Miguel fungía como espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional», indicó Saab en declaraciones a la prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

El fiscal agregó que a través de las investigaciones adelantadas, han encontrado «suficientes indicios para considerar que la señora Rocío San Miguel está lejos del perfil de una defensora de los derechos humanos» y que su accionar «corresponde más al perfil de una agente».

Saab indicó que luego de realizar «un allanamiento con orden judicial» a la residencia de San Miguel, «en presencia de fiscales y familiares» que verificaron la legalidad del procedimiento, los investigadores consiguieron evidencias que la vinculan con actividades de espionaje, entre ellos, 18 mapas cartográficos donde están demarcadas «numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad».

Entre las zonas de seguridad demarcadas están la del Comando de la Aviación Naval, la de la Base Naval Contralmirante Agustín Armario, así como las regiones estratégicas de Puerto Cabello y Borburata. «En total, hay más de 24 zonas de seguridad demarcadas, incluyendo la del Palacio de Miraflores», dijo Saab sobre los mapas que fueron reconocidos por los familiares de la abogada.

«Para hacer estas demarcaciones se unieron dos mapas distintos. Se trata de una tarea compleja, pues se realiza mediante coordenadas geográficas que incluso se adentran en el mar», agregó el fiscal, quien dijo que este tipo de informaciones son reservadas para los cuerpos de inteligencia del Estado y no para una ONG.

Documentos con acciones específicas de San Miguel

Saab detalló que en otro allanamiento realizado a la residencia del oficial Guillermo Enrique César Siero, vinculado en los planes conspirativos, encontraron un documento donde aparece explícitamente el nombre de Rocío San Miguel como encargada de «realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital aliados» como parte de «la operación ‘Brazalete Blanco'».

Entre las tareas asignadas a San Miguel estaban:

• Coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación.
• Crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo.
• Coordinar con organismos internacionales para, a través de la ONG ‘Control Ciudadano’, asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas involucrados en la operación.
• Promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos, en contra de los integrantes de la operación.

«Nadie podrá decir que, a partir de ahí, el Estado venezolano no podía comenzar una investigación. Por eso se actuó en consecuencia. ¿El Estado debe bajar la guardia y dejar que ocurran estas operaciones para bañar de sangre al país?», dijo Saab, quien cuestionó que el caso de San Miguel sea calificado por medios e incluso gobiernos como una supuesta desaparición forzada, sobre todo cuando ya sus familiares la han visitado en su lugar de detención en Caracas.

Entre tanto, Saab indicó que entre las pesquisas realizadas han encontrado pruebas de que San Miguel elaboró listados y perfiles de los altos mandos militares venezolanos, y que además posee información documentada de todo el personal castrense.

«La actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos. Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado venezolano», agregó.

Información confidencial a otros países

El fiscal indicó que San Miguel además de recibir «pagos en dólares» por parte de «una trasnacional petrolera» a la que le habría hecho un supuesto «análisis de entorno», también «entregó información confidencial a un embajador europeo» sobre el «fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea» de Venezuela.

«¿Por qué usted tiene que reunirse con un embajador de Europa, de una superpotencia extranjera, para darle toda esa información?», cuestionó Saab, quien detalló que la información que filtró San Miguel «no es de acceso público» y menos para una ONG.

Además, dijo que es «delicado» que la abogada también compartió informes «similares» con otros tres países extranjeros a través de reuniones realizadas en embajadas dentro de Venezuela, en la Unión Europea y en EE.UU, donde incluso compartió con militares de «potencias extranjeras».

«El manejo de esta información es sumamente delicado, porque eso se reserva. Quienes tienen esas cualidades son agregados militares, eso no tiene nada que ver con defensores de derechos humanos. Dar información sensible es un elemento de convicción contundente», precisó el fiscal.

Saab también comentó que San Miguel intentó esconder todos sus computadores y teléfonos celulares que dan acceso a documentos y correos electrónicos claves en la averiguación. La abogada habría planificado un «protocolo de seguridad» para cuando se diera su captura, que «fue ejecutado por su entorno más cercano». Así, estos elementos fueron trasladados a distintas locaciones del país para tratar «de eludir la acción de la justicia».

«Tenía numerosas medidas de seguridad para sus comunicaciones. Por ello, todavía hay varios dispositivos a los que estamos en proceso de tener acceso«, añadió el fiscal, quien dijo que a través de estos elementos y las informaciones que se consigan en ellos, se pueden aumentar sus vínculos a los planes conspirativos a través de «un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo».

Situación con la oficina de la ONU

El fiscal comentó que le resulta «extraño» que la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, recientemente suspendida por actos de injerencia, comenzara a preocuparse por personas vinculadas a las tramas conspirativas, como el caso de San Miguel.

«A pesar de saber que Rocío San Miguel fue aprehendida y sería presentada, seguían manteniendo la tesis de la desaparición forzada. Eso es ofensivo, por eso el Estado decidió suspender por 30 días a esta oficina», explicó Saab, quien recordó que las Naciones Unidas exige que los defensores de derechos humanos deben actuar de manera pacífica, no como lo hacía San Miguel.

El fiscal dijo que los miembros de esa oficina de la ONU también «quisieron fungir como auditores» y «comenzaron a solicitar expedientes que nada tienen que ver con derechos humanos», entre ellos, los del caso sobre el asesinato del rapero venezolano ‘Canserbero’ y el músico Carlos Molnar, entre muchos otros.

«¿Para qué piden el expediente de Natalia y Guillermo Améstica? ¿Para defender a los asesinos de Canserbero? Es increíble que se pidan estos documentos ajenos a una oficina de derechos humanos«, indicó.

San Miguel, directora de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano, fue detenida el pasado 9 de febrero e imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir, entre otros, por estar presuntamente involucrada en varios planes conspirativos que incluían los asesinatos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.

El caso, identificado por las autoridades como ‘Brazalete Blanco’, es uno de varios expedientes que forman parte de «una conspiración continuada» contra el orden democrático venezolano, que tenía la misión de atacar con mercenarios la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero; ambos ubicados en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, para hacerse con el parque de armas de los militares y continuar con una avanzada sediciosa hacia Caracas.

Por estos planes resultó clave el exmilitar Anyelo Heredia, detenido y quien confesó la participación de más de 30 personas, entre ellas 15 que ya están privadas de libertad, otras cuatro que tienen medida cautelar, y 15 más que tienen orden de captura por ejecutar.

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RT espanol