CNBC: condonación de préstamos estudiantiles: qué está en juego ante el fallo de la Corte Suprema
Se espera que la Corte Suprema emita un fallo sobre el plan de condonación de préstamos estudiantiles del gobierno de Biden este mes. Esa decisión desempeñará un papel en la configuración del futuro financiero de 40 millones de estadounidenses.
Si los jueces aprueban el alivio del presidente Joe Biden, a muchos prestatarios se les cancelarán de inmediato $20,000 de su deuda estudiantil, si recibieron una Beca Pell en la universidad, un tipo de ayuda disponible para familias de bajos ingresos, y hasta $10,000 si no.
Unos 14 millones de personas saldrían del plan sin deudas como estudiantes, lo que podría facilitarles la compra de una primera casa, por ejemplo, formar una familia o abrir un negocio.
«La decisión podría cambiar la vida», dijo Corey Shirey, de 28 años, quien estudia para ser pastor en Oklahoma y debe alrededor de $25,000.
Richelle Brooks, una madre soltera de Los Ángeles que en algún momento tuvo un pago mensual de un préstamo estudiantil de hasta $1,200, dijo que estuvo atada a su teléfono todo junio.
«Esperar a saber si pasará o no es angustioso en el mejor de los casos, debilitante en el peor», dijo Brooks, de 35 años.
Esto es lo que sabemos sobre la deliberación de la Corte Suprema sobre el plan, a partir de ahora.
1. SE ESPERA UNA DECISIÓN ANTES DE JULIO
Los prestatarios no deberían quedarse atrapados esperando a los jueces por mucho más tiempo.
El fallo del máximo foro judicial debería llegar a principios de julio, antes de que finalice su mandato para el receso de verano, dijo el experto en educación superior Mark Kantrowitz.
«Es probable que el tribunal emita una decisión antes de fines de junio, probablemente un jueves», dijo Kantrowitz, y señaló que ese era el día de la semana en que los jueces habían estado publicando recientemente sus opiniones.
Podrá leer el fallo en el sitio web de la Corte Suprema, probablemente en algún momento de la mañana del día de la decisión.
2. EL PODER PRESIDENCIAL PARA CANCELAR LA DEUDA
Con un costo estimado de alrededor de $ 400 mil millones, el plan de Biden para perdonar la deuda estudiantil es una de las acciones ejecutivas más caras de la historia. Es probable que los jueces estén examinando si el presidente tiene o no el poder para implementar una política tan radical.
El gobierno de Biden insiste en que está actuando dentro de la ley, señalando que la Ley de Héroes de 2003 otorga al secretario de educación de EEUU la autoridad para realizar cambios en el sistema federal de préstamos para estudiantes durante emergencias nacionales. El país estaba operando bajo una declaración de emergencia debido a COVID-19 cuando el presidente lanzó su plan.
Quienes se oponen al jubileo de la deuda dicen que el gobierno está usando incorrectamente la ley, que fue aprobada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y otorgó alivio a los prestatarios afectados.
“No es una disposición general para salir de la deuda que una administración puede invocar a voluntad”, escribieron seis estados liderados por republicanos en su demanda contra el plan.
A pesar de la gran escala de la política del presidente, el abogado que argumentó en nombre del mandato de Biden en la Corte Suprema, la procuradora general Elizabeth Prelogar, insistió en que estaba actuando directamente dentro del alcance de la ley para evitar la angustia de los prestatarios durante las emergencias nacionales.
“No ha habido una emergencia nacional como esta en el tiempo que la Ley de Héroes ha estado en los libros que haya afectado a tantos prestatarios”, dijo Prelogar durante los argumentos orales a fines de febrero. “Y creo que no es sorprendente ver en respuesta a esta pandemia única en un siglo”.
Un alto funcionario del Departamento de Educación advirtió recientemente que reanudar las facturas de préstamos estudiantiles sin la cancelación de préstamos de Biden podría desencadenar un aumento histórico en la morosidad y los incumplimientos. Esos pagos siguen suspendidos debido a una política de la era de la pandemia que comenzó en marzo de 2020.
LA CUESTIÓN DE LA «CAPACIDAD LEGAL» PODRÍA SALVAR EL PLAN
La solicitud de perdón del gobierno Biden había estado abierta por menos de un mes cuando una serie de cambios legales los obligaron a cerrarla. El plan de Biden ahora ha enfrentado al menos seis demandas de estados respaldados por republicanos y grupos conservadores.
Dos de esos desafíos legales llegaron a la Corte Suprema: uno presentado por seis estados liderados por el Partido Republicano: Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur, y otro respaldado por Job Creators Network Foundation, una organización de defensa conservadora.
Algunos expertos creen que los jueces podrían rechazar las demandas contra el plan del presidente porque los demandantes no probaron que la política los perjudicaría, lo que suele ser un requisito para obtener el derecho a demandar.
Los seis estados liderados por el Partido Republicano argumentaron que el plan de condonación de préstamos de Biden sería un revés financiero para ellos debido a una reducción en el negocio entre las empresas que administran préstamos federales para estudiantes en sus estados.
La decisión del tribunal de escuchar los argumentos con relativa rapidez significa que es probable que determine si las cancelaciones de préstamos generalizadas son legales a fines de junio.
Dijeron que la disminución de los ingresos de MOHELA, o la Autoridad de Préstamos para la Educación Superior de Missouri, podría dejar a la agencia incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras con Missouri.
En el segundo desafío legal respaldado por Job Creators Network Foundation, los abogados argumentaron que dos demandantes, Myra Brown y Alexander Taylor, fueron privados de sus «derechos procesales» por parte del gobierno de Biden porque no permitió que el público interviniera formalmente. en la forma de su plan antes de implementarlo. Como resultado, dicen los abogados, Brown y Taylor fueron parcial o totalmente excluidos del alivio.
Elaine Parker, presidenta de Job Creators Network Foundation, insistió en que sus demandantes sufrieron daños por la política.
«Si la administración hubiera pasado por avisos y comentarios como lo exige la ley, cada uno podría haber presentado su caso», dijo Parker. «El programa es un claro acto de extralimitación ejecutiva».
La Ley de Héroes, sin embargo, exime la necesidad de un período de notificación y comentarios durante las emergencias nacionales, dijo Kantrowitz. Además, no obtener la condonación de un préstamo o no obtener tanto como otros no es lo mismo que ser perjudicado, agregó.
«Es probable que la Corte Suprema sea muy crítica con los argumentos circulares presentados por los demandantes en el caso JCN», dijo Kantrowitz. «Hay que mirar la ley con los ojos cruzados para defender la legitimación».
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Annie Nova para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.
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