¿Cuál es el papel de las fuerzas militares en Colombia frente al cese al fuego bilateral?
La actuación y respuesta de las fuerzas militares colombianas frente al cese bilateral al fuego acordado entre el Gobierno y cinco organizaciones armadas sigue generando un enconado debate en Colombia.
Mientras los sectores opositores a Gustavo Petro sostienen que la población quedará aún más expuesta a la violencia, ante una supuesta inacción militar; sus ministros aclaran que los cuerpos de seguridad no abandonarán sus funciones y la lucha contra el narcotráfico.
Desde que se anunció la medida, los altos funcionarios del Gobierno han profundizado sus explicaciones en los medios de comunicación sobre lo que ocurrirá en Colombia en los próximos seis meses, en los que inicialmente estará vigente el cese al fuego. Si bien es un camino novedoso, todos han coincidido en que existen garantías para que la determinación se mantenga en el tiempo.
En las redes, senadores opositores y exfuncionarios de las administraciones pasadas han catalogado este acuerdo como un «error» que solo fortalecerá a la «ilegalidad» y a los grupos armados y organizaciones criminales. Además, han dicho que no existe «rigor» para lograr que se cumpla.
A estas declaraciones encontradas, se le suma el reciente pronunciamiento de la delegación de diálogo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos que estaba inicialmente incluido en el cese al fuego bilateral, que aseguró que fue una decisión «unilateral» e inconsulta que debe ser «examinada». Frente a esto, se espera que el Gobierno aclare su posición.
A pesar de las voces en contra, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres tildó la decisión como un «acontecimiento», mientras que su representante Especial en Colombia, Carlos Luis Massieu, afirmó que ese organismo «apoya todos los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia».
¿Qué harán las fuerzas militares ahora?
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aclaró que las actividades de las fuerzas militares van a continuar y que el cese al fuego solo implica «suspensión de operaciones ofensivas«, recoge Caracol Radio.
Ya en agosto pasado se había anunciado el cese de los bombardeos en campamentos guerrilleros donde se sospechara la presencia de menores de edad, lo que también fue criticado por algunos miembros del los gobiernos anteriores, que promovían estas acciones como solución al conflicto.
Velásquez precisó que el pacto con los cincos grupos armados no significa que cesará la «lucha» contra el narcotráfico ni contra la minería ilegal.
«Las fuerzas militares en cumplimiento de su responsabilidad constitucional, tienen que continuar cumpliendo esas funciones que se le asignan del control del territorio, de la seguridad de la población», agregó.
Con relación a la supuesta connivencia que tendrían los cuerpos de seguridad con estas organizaciones armadas, dijo que las operaciones militares para combatir las economías ilícitas «no tienen limitación», por lo que no implica «una autorización para que se sigan cometiendo delitos. La acción de la Justicia y de la Fuerza Pública tiene que continuar».
¿Y si los grupos armados no cumplen?
Si bien el compromiso de las fuerzas militares ha sido delineado por el titular de Defensa, surgen cuestionamientos sobre la actuación de los grupos ilegales.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dijo a El Tiempo que «a la gente hay que creerle» y que han observado la «disposición y honestidad» de algunos integrantes de esas organizaciones, entre los que se encuentran grupos de origen político y subversivo y de origen paramilitar.
Sin embargo, advirtió que «habrá complicaciones y complejidades por resolver en su momento» y consideró que «quien incumpla perderá la credibilidad ante el país y el mundo».
Rueda afirma que «el Estado seguirá interviniendo» y actuando y que mantendrá su «misión constitucional de proteger vida, honra y bienes de los colombianos».
En su opinión, se buscan generar «unos escenarios precisos y específicos de respeto a la vida, las libertades». Del mismo modo, adelantó que «algunos asuntos que se abordarán en los espacios dialógicos, en las mesas de conversaciones y en la mesa de diálogo que existe con el ELN».
¿Qué pasará con las comunidades?
Las garantías de seguridad para las comunidades son uno de los temas que más han sido mencionados por quienes muestran reservas y desconfianza.
Al respecto, el titular del Interior, Alfonso Prada, aseguró que se concentrarán los mecanismos de verificación en algunos territorios específicos y que tendrán que «desplegar una labor muy intensa» con la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Iglesia católica y las organizaciones sociales y comunitarias «que viven el día a día del fuego en su quehacer cotidiano, en su territorio», según una entrevista de El Tiempo.
Prada recordó que precisamente fueron estas organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrocolombianas las que le pidieron el Gobierno que avanzara «en este camino del cese bilateral».
En su criterio, son estos movimientos de base social los que liderarán la verificación puesto que «conocen el territorio y a los actores violentos que actúan en él». Por su parte, la Policía se encargará de proteger y custodiar el proceso, publicó RCN Radio.
Adelantó que cada dos meses se hará la «evaluación de avance de los protocolos que se están construyendo».
¿Cuáles son las instancias de monitoreo del cese al fuego?
Además de las organizaciones internacionales y comunidades, se creará una instancia de alto nivel compuesta por el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Oficina del Alto Comisionado de Paz, «que tiene la misión de clasificar el tipo de organizaciones y las características de cada una para definir la ruta del diálogo», expresó Prada.
Cada organización armada tendrá un «decreto diferente» y un protocolo distinto donde habrán «reglas del juego detalladas de lo que va a ser el cese al fuego», agregó el ministro del Interior.
Otro punto que aclaró es que no habrá un «territorio vedado para que alguien pueda delinquir al amparo del cese bilateral», debido a que en esas zonas «seguirán los procedimientos rutinarios de control e interceptación».
Con esta afirmación, Prada descarta que haya un escenario similar al de la denominada ‘Zona de distensión’ de San Vicente del Caguán (Caquetá), establecida como una zona desmilitarizada para el asentamiento de los miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Gobierno de Andrés Pastrana, en 1998. Esta iniciativa fue tildada de «fracaso» en las negociaciones de paz entre ambas partes y culminó en 2002 con un operativo militar que incluyó bombardeos.
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RT espanol
