Una ley que pone en riesgo a indígenas aislados podría aprobarse en medio de la crisis en Perú

La derecha, representada por el partido de Keiko Fujimori, insiste en revivir un proyecto rechazado incluso por la Defensoría del Pueblo.

La crisis política en Perú no detiene las apetencias de la derecha política en el Congreso. En las últimas semanas, a pesar de la convulsión generada tras la salida del poder de Pedro Castillo, el partido Fuerza Popular impulsa un proyecto que podría poner en riesgo a las poblaciones indígenas aisladas de ese país.

El objetivo del proyecto es quitar la protección a los territorios donde viven los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), lo que permitiría abrir la puerta a la explotación por parte de empresas privadas o transnacionales, aunque puedan poner en riesgo la vida de las personas que por decisión propia o presiones externas, mantienen un contacto nulo con el resto de la sociedad.

Para la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), darle luz verde a esta iniciativa parlamentaria significaría directamente un «genocidio». Según explica la organización, la estrategia del partido dirigido por Keiko Fujimori –perdedora de las elecciones pasadas frente a Pedro Castillo– es justificar la decisión alegando que la protección a los territorios limita «la inversión y extracción de recursos naturales de la Amazonía».

Del mismo modo, atacan al Ministerio de la Cultura por el supuesto «poco rigor» en la aprobación de las reservas indígenas, argumentando que esas delimitaciones territoriales ponen freno «al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales». En pocas palabras, la derecha peruana plantea privilegiar el interés económico por sobre la vida de las poblaciones originarias.

Amplio rechazo

Ante el peligro que supondría el levantamiento de la protección a las tierras de los PIACI, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado a mediados de este mes para rechazar la eventual aprobación de esa ley: «Sería un grave retroceso«, indicó el organismo.

Además de ordenar su inmediato archivo, la Defensoría advirtió que el proyecto de ley plantea la transferencia de facultades del Ministerio de la Cultura a los Gobiernos Regionales (GORE) para definir políticas sobre los PIACI, lo que a su juicio sería un error porque «no considera su rectoría y especialización» y tampoco incluye la participación de las comunidades indígenas.

«[Las] modificaciones que se pretenden realizar a la Ley 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas en aislamiento y contacto inicial, afectan su vida y existencia«, puntualizó la Defensoría, que resaltó que su aprobación implicaría el incumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Actualmente diversas organizaciones estiman que unas 7.000 personas integran las PIACI en la Amazonía peruana, diseminadas en al menos 20 pueblos, y su resguardo está amparado por tratados internaciones de los cuales Perú forma parte. Cualquier incursión externa en sus territorios pone en riesgo sus vidas, lesionando un derecho fundamental consagrado en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

«El PL 3518-2022-CR sí genera condiciones que no solo impedirán la existencia digna, sino que generará la muerte de nuestros hermanos y hermanas PIACI«, insiste COICA.

La organización enumera varias de las razones para oponerse al proyecto, entre ellas: que promueve el etnocidio y genocidio de los pueblos aislados, que impone el contacto con esas poblaciones bajo el argumento del «rigor científico», que suprime la participación de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones y que desprotege a un colectivo que reside en predios «aún no reconocidos y en proceso de reconocimiento y categorización».

¿Quién gana y quién pierde?

En la acera del frente, los interesados en que la ley pase los filtros del Congreso y se promulgue serían la derecha y los sectores empresariales. Según The Guardian, hay un poderoso bloque patronal en la región de Loreto que actualmente financia una campaña para negar la existencia de los pueblos aislados.

Con piezas difundidas en la televisión local, redes sociales y eventos públicos, este conglomerado de empresas autodenominado como Coordinador de Desarrollo Sostenible de Loreto pretende horadar los derechos de esas poblaciones indígenas en el norte de Perú, no solo negando su existencia sino estigmatizándolas como un «obstáculo» para el desarrollo económico de la Amazonía.

Este grupo, que aparentemente cuenta con el respaldo del Gobierno regional, intenta alentar la explotación de recursos como la madera y el petróleo, a la par que promueve la construcción de infraestructura en las reservas indígenas.

Grupos empresariales de Loreto, en el norte de Perú, pretenden horadar los derechos de esas poblaciones indígenas, no solo negando su existencia sino estigmatizándolas como un «obstáculo» para el desarrollo económico de la Amazonía.

Más allá de los peligros, claramente advertidos por organizaciones indígenas y la propia Defensoría, el riesgo latente es que este proyecto logre escurrirse en el Congreso, mientras el país se encuentra sumido en una crisis política de grandes dimensiones. 

Desde el pasado 7 de diciembre, cuando se produjo el intento fallido de Pedro Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción, la mirada se ha puesto en su derrocamiento, en las masivas protestas que exigen su restitución en el cargo, en las más de 20 muertes por represión y en el futuro del Gobierno de Dina Boluarte, asediado por la inestabilidad y los cuestionamientos de legitimidad.

Es en el contexto de esa convulsión que, de manera silenciosa, los sectores conservadores de Perú aprovechan para darle un empujón a un proyecto, que previamente había sido rechazado por el Ministerio de Cultura.

El legislador Jorge Morante, de Fuerza Popular, es la cara visible de la iniciativa, que se lanza pocos meses después de que el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, enviara un oficio para negar la existencia de pueblos indígenas en su territorio, pese a todas las evidencias existentes. 

Para las organizaciones sociales, solo hay una opción: levantar la voz para proteger esas 7.000 voluntades que hacen de la Amazonía su hogar, antes de que los intereses económicos expolien sus vidas y acallen a uno de los acervos más valiosos de Perú.

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