«Falsas y sin fundamento»: Venezuela responde a las acusaciones de una misión de la ONU sobre los cuerpos de Inteligencia
Publicado: 26 sep 2022 12:36 GMT
El país suramericano reitera su «absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas» y advierte que «aúpan y alientan a los sectores más extremistas».
Venezuela catalogó de «acusaciones falsas y sin fundamento» las conclusiones sobre violaciones a los derechos humanos, supuestamente cometidas por los cuerpos de Inteligencia venezolanos, presentadas este lunes en el informe final de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado, la Cancillería venezolana tildó de «panfleto» el documento realizado por esa misión, a la que considera como un mecanismo, surgido en 2019, de una «cuestionada resolución» promovido por «un reducido grupo de gobiernos», entre los que se encontraban Argentina, Brasil, Chile y Perú, «con graves situaciones internas de violación de derechos humanos».
El país suramericano reitera su «absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas» y advierte que ese tipo de pronunciamientos «aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país».
En 2014 y en 2017, sectores radicales de la oposición venezolana organizaron y brindaron el apoyo logístico a protestas antigubernamentales, donde se presentaron hechos de violencia en los que murieron más de cien personas.
#URGENTE Venezuela alerta sobre el uso de los #DDHH como arma ideológica y política y repudia las falsas acusaciones del informe presentado hoy por la supuesta Misión Internacional de Determinación de los Hechos, ante el Consejo de la Organización de Naciones Unidas pic.twitter.com/IDz8U7tdOn
— Alfred Nazareth (@luchaalmada) September 26, 2022
Venezuela tomará medidas
En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se advierte que Caracas «tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión contra las legítimas instituciones venezolanas».
Para la diplomacia venezolana, el documento presentado carece de «sustento metodológico» y de «contacto directo con la realidad del país». Además, busca «seguir atacando a las instituciones venezolanas, como parte de la estrategia criminal de ‘cambio de régimen’ que se impulsa desde el Gobierno de los Estados Unidos».
Finalmente, expresa que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, «sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo».
¿Qué dice el informe?
En este nuevo escrito de la misión independiente, el tercero dado a conocer desde 2019, se señaló a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como los cuerpos estatales responsables de violar derechos humanos desde 2014, «en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales».
Según su presidenta, Marta Valiñas, el Estado venezolano «utiliza los servicios de Inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país«, por lo que existe una «comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual».
Los investigadores aseguran que tanto el SEBIN como la DGCIM «funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces» que habrían aplicado «torturas de extrema gravedad» que, según Francisco Cox, miembro de la misión, «han tenido lugar en un clima de casi total impunidad», motivo por el que «la comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación».
Las conclusiones y recomendaciones presentadas en este informe 2022 se basaron en 246 «entrevistas confidenciales» con víctimas, familiares, exfuncionarios de seguridad e inteligencia, expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los hechos.
Según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de tres años de trabajo, el Gobierno venezolano «aún no ha permitido» que los integrantes de la misión visiten el país ni ha respondido a ninguna de las diez cartas enviadas entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022.
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RT espanol
