Corte de Cuentas de El Salvador auditará al Gobierno de Bukele por el uso de fondos públicos para la compra de bitcóins

Publicado: 17 sep 2021 19:30 GMT

La institución podría generar sanciones administrativas y patrimoniales, e incluso abrir procesos penales ante la Fiscalía General de la República.

La Corte de Cuentas de El Salvador, organismo autónomo encargado de velar por la transparencia en la gestión pública en el país centroamericano, ha decidido ordenar la ejecución de un «análisis jurídico» que permita realizar un «examen de auditoría» al Gobierno de Nayib Bukele para aclarar «la salida de fondos del Tesoro Público» para la compra de bitcóins.

El procedimiento fue admitido por la Corte de Cuentas tras recibir una denuncia interpuesta por la organización de derechos humanos Cristosal, que trabaja por la defensa de las víctimas de violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.

A través de Twitter, Cristosal mostró una imagen del documento emitido por la mencionada corte, en el que les notifican que su denuncia, colocada el pasado 10 de septiembre, había sido admitida.

Cristosal ha pedido que se investigue el manejo de recursos que ha realizado el gobierno salvadoreño en relación con la compra de bitcóins y cajeros automáticos de criptomonedas, tras la aprobación de la «Ley Bitcóin» que convierte a ese activo digital en la segunda moneda de curso legal, después del dólar.

El pasado 6 de septiembre, Bukele anunció la compra de 200 bitcóins y dijo que su Gobierno ya poseía 400 criptomonedas de este tipo. La adquisición se produjo un día antes que le mencionada ley entrara en vigencia.

La Corte de Cuentas, una vez realizada la investigación, deberá emitir una decisión que podría generar sanciones administrativas y patrimoniales contra el Gobierno -si encuentra alguna irregularidad-, e incluso implicar la presentación del caso ante la Fiscalía General para abrir los procesos penales que resulten correspondientes.

¿Por qué hay polémica?

La aprobación de la mencionada ley ha traído polémica y protestas en El Salvador, pues se presume que se ha ejecutado en medio de una trama que incluye beneficios para empresas cercanas a miembros del Ejecutivo e incluso del propio Bukele. Además, su puesta en marcha no ha contado con el apoyo del Banco Mundial, que ha indicado que en el país centroamericano hay «deficiencias ambientales y de transparencia» para implementar su uso.

Tras entrar en vigencia el uso del Bitcóin se comenzó a develar el entramado de empresas que estarían detrás de la logística para el uso de la criptomoneda, muchas de ellas cercanas al entorno del presidente Bukele.

El nombre más relevante es el de la jefa del Gabinete del mandatario, Martha Carolina Recinos de Bernal, quien figura como parte de la directiva de la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable (ETESAL), una de las firmas del Grupo CEL que —junto a la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuchapán— son propietarias de la aplicación ‘Chivo Wallet‘, promovida por el Ejecutivo para que la población utilice el bitcóin en transacciones cotidianas.

Además, el entramado es dueño de toda la red de cajeros automáticos Chivo, dispuestos para que los salvadoreños realicen sus operaciones con bitcóin. Recinos de Bernal, por otra parte, fue incluida recientemente en una lista de funcionarios presuntamente «corruptos» sancionados por EE.UU.

En este contexto, el pasado 15 de septiembre —cuando El Salvador conmemoraba el Bicentenario de la declaratoria de su independencia—, miles de personas salieron a las calles a protestar contra la Ley Bitcóin, al considerarla como una normativa exclusiva «solo para ricos», que promueve «la corrupción», que incentiva la desigualdad y acentúa la pobreza en el país centroamericano.