Jueza nominada a la Corte Suprema vuelve a esquivar las preguntas de los demócratas
WASHINGTON – La jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cubrir una vacante en la Corte Supremo, evitó este miércoles pronunciarse sobre los poderes del mandatario, aunque aseguró que «nadie está encima de la ley».
Barrett, católica y de 48 años, comparece desde el lunes ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, donde está siendo interrogada por los legisladores sobre su visión legal respecto a temas tan controvertidos como el derecho al aborto y al voto, así como el futuro de la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés), conocida como Obamacare, la reforma sanitaria impulsada por el predecesor de Trump, Barack Obama.
En el que quizás fue el momento más polémico del día, la jurista conservadora aseguró que nadie esta por encima de la ley, pero eludió aclarar si el presidente tiene derecho a autoindultarse, como ha alegado Trump en el pasado.
Fue el senador demócrata por Vermont Patrick Leahy, quien le preguntó a Barrett sobre los poderes del mandatario y si ella pensaba que no hay ningún estadounidense por encima de la ley.
«Estoy de acuerdo, nadie está por encima de la ley», respondió Barrett, ante lo que Leahy señaló a continuación: «¿Un presidente tiene un derecho absoluto a perdonarse a sí mismo por un delito? Es decir, oímos esta pregunta tras el juicio político al presidente (Richard) Nixon».
La magistrada contestó: «Senador Leahy, hasta donde yo sé, esa cuestión nunca se ha litigado, esa pregunta nunca se ha hecho, esa cuestión puede que se presente o no, pero apela a un análisis legal sobre lo que es el alcance del poder de perdón. Como sería opinar sobre una cuestión abierta sobre la que no he estado en un proceso judicial para decidir sobre ella, no puedo ofrecer mi punto de vista».
En 2018 Trump afirmó que tenía el «derecho absoluto» a perdonarse a sí mismo, pero aclaró que no lo haría porque no había hecho «nada mal», en relación con la investigación federal en marcha en ese entonces sobre la llamada trama rusa, que llevó a cabo pesquisas sobre la presunta injerencia de Moscú en los comicios de 2016.
En otro punto de vista controvertido, Barrett consideró, además, que el Tribunal Supremo no tiene recursos para garantizar que la gente cumpla sus decisiones, ni siquiera el presidente: «La Corte Suprema no puede controlar lo que el presidente obedece».
Su tendencia conservadora marcaría una postura fuerte en la Corte Suprema en temas claves como inmigración, el aborto y el porte de armas, entre otros, advierten expertos.
La jueza mencionó que el presidente Abraham Lincoln desobedeció en una ocasión la orden de una corte de menor instancia durante la Guerra Civil estadounidense.
«Las cortes no tienen ni fuerza ni voluntad, en otras palabras, no podemos hacer nada para hacer cumplir nuestras propias sentencias», dijo Barrett.
«En cuestión del Derecho, la Corte Suprema puede tener la última palabra. El Tribunal Supremo carece de control de lo que ocurre después de eso. Depende de las otras ramas (del poder) para reaccionar a sus decisiones de manera acorde», indicó.
Trump ha insinuado en varias ocasiones que podría no aceptar el resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que se bate con el exvicepresidente demócrata Joe Biden, si no resulta ganador y, desde hace meses, lleva agitando las sospechas de que se produzca un hipotético fraude debido al voto por correo, que será fundamental debido a la pandemia de coronavirus, con lo que no es descartable que el escrutinio de las elecciones acabe en esa corte.
Por otro lado, la semana pasada, un tribunal de apelación dictaminó que la Fiscalía del sur de Nueva York podía exigir a Trump su declaración de impuestos, mientras que el abogado del presidente, Jay Sekulow, adelantó que recurrirá al Supremo con la esperanza de evitar el envío de esos documentos.
La nominada del presidente Trump tiene 48 años y ocuparía la vacante vitalicia.
Leahy intentó poner a la jueza en apuros con otra pregunta sobre la cláusula de la Constitución sobre los emolumentos que puede recibir el presidente, que sirve para limitar cualquier influencia exterior prohibiendo al jefe de Estado recibir regalos del extranjero.
En ese sentido, el senador, que citó informaciones aparecidas en medios de comunicación, cuestionó a Barrett sobre si los negocios inmobiliarios de Trump, con sus hoteles y clubes, por valor de decenas de millones de dólares con entidades extranjeras entrarían en esa cláusula.
Y la jueza se mostró de nuevo esquiva: «Al ser algo que se está litigando, está muy claro que es algo sobre lo que no puedo expresar mi opinión, porque podría acabar ante mí».
Más allá del asunto de los poderes del presidente, la sesión de este miércoles ante el Comité Judicial transcurrió a grandes rasgos entre los intentos de los demócratas de desprestigiar a Barrett por sus visiones sobre el aborto y el Obamacare, frente a los republicanos que intentaron protegerla y la alabaron.
El presidente de dicho comité, el senador republicano Lindsey Graham, abrió la sesión del miércoles proclamando la probable confirmación de Barrett en el pleno de la Cámara Alta, de mayoría conservadora, como «una victoria histórica» para una mujer abiertamente antiabortista.
«Esta es la primera vez en la historia estadounidense que hemos nominado a una mujer que sin sufrir vergüenza es provida y abraza su fe sin disculpas, y va a ir a la Corte (Suprema)», auguró Graham.
Barrett no obstante ha evitado responder a las preguntas constantes por parte de los demócratas sobre cuál será su opinión si se presenta un caso relacionado con el aborto, aunque ha dejado claro que se opone a este derecho.
Los republicanos quieren confirmar a Barrett en el pleno del Senado el 22 de octubre, por lo que podría vestir la toga del Tribunal Supremo antes de las elecciones del 3 de noviembre.
QUIÉN ES LA JUEZA BARRETT
Barrett, de 48 años, es una católica devota con siete hijos y una favorita de los conservadores religiosos y se considera que rechaza de plano el aborto. Estuvo entre los finalistas para la segunda nominación de Trump a la Corte Suprema, que finalmente obtuvo el juez Brett Kavanaugh.
Barrett, de 48 años, está ampliamente considerada como la principal favorita de Trump para ser la nominada para llenar la vacante de la jueza Ginsburg.
Barrett fue nominada por Trump a la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito federal y confirmada por el Senado en octubre de 2017 por 55 votos a favor y 43 en contra. El 7mo Circuito, con sede en Chicago, cubre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin.
En sus casi tres años en el puesto firmó unas 100 opiniones, incluidas varias opiniones discordantes en las que mostró su claro y consistente cariz conservador.
Barrett sirvió como asistente legal del juez de la Corte Suprema Antonin Scalia. Trabajó brevemente como abogada privada en Washington D.C. antes de volver a la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, donde estudió, para convertirse en profesora en 2002.
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En 2017, durante su vista de confirmación en el Senado para el puesto en la corte de apelaciones, los demócratas presionaron a Barrett sobre si sus creencias afectarían sus posibles fallos sobre el aborto y otras cuestiones sociales controvertidas.
Barrett respondió que se tomaba su fe católica en serio, pero que “yo recalcaría que mi afiliación religiosa personal o mi creencia religiosa no me eximen de mis deberes como juez”.
Está casada con Jesse Barrett, un exfiscal federal que ahora es socio en una firma legal de South Bend, Indiana. La pareja tiene siete hijos, incluidos dos adoptados en Haití y uno con necesidades especiales.
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