Este martes, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en repudio a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a 19 venezolanos por parte del bloque europeo.
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes un acuerdo en repudio a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a 19 ciudadanos venezolanos por parte de la Unión Europea (UE), y le pidió al Ejecutivo declarar «persona non grata» a la representante de ese bloque en Caracas, Isabel Brilhante.
«La actuación de la UE en este momento responde a una visión filosófica monárquica e irrespetuosa de las naciones libres del mundo. Lo que más le ha dolido a la UE es que la relatora de DD.HH. de la ONU, también europea, les haya pedido devolver los activos de Venezuela», aseveró la diputada Ilenia Medina, quien se encargó de presentar esta propuesta.
Medina también exhortó al Ejecutivo a revisar la posibilidad de cerrar la oficina de UE en Caracas. «¿Existe en la UE la oficina de Petrocaribe o Unasur?, ¿por qué tenemos, desde el principio de la reciprocidad, que aceptar esa oficina en Venezuela?», se cuestionó.
Para la diputada, la UE desconoce el Derecho Internacional, la Convención de Viena en materia de Relaciones Diplomáticas, la Carta de Naciones Unidas, la Constitución de Venezuela y la soberanía del pueblo.
«Ellos aplican medidas injerencistas contra el país, conspiran, permiten que los terroristas que le han hecho daño a nuestro pueblo vivan allá, les abren las puertas para que lo usurpado sea compartido y son socios en el delito. Ese doble rasero debe ser revisado«, agregó.
Por su parte, el diputado opositor Bernabé Gutiérrez, quien fue uno de los sancionados por la UE, aseguró que estas medidas son celebradas únicamente por la oposición radical que sigue a Juan Guaidó.
«Las sanciones impuestas a Venezuela y a los venezolanos no tiene otro objetivo que apartarnos de nuestra línea de conducta y ponernos como subalternos de intereses fuera de Venezuela«, sostuvo Gutiérrez.
Entre los sancionados por la UE hay autoridades del poder electoral, de los cuerpos de seguridad, del TSJ y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes, según la UE, participaron «en actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en el país», al vincularse a las «poco creíbles» elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre.
Desde 2017, el bloque impuso sanciones contra Venezuela, que fueron prorrogadas por un año más en 2020. Hasta ahora, 55 funcionarios y políticos venezolanos han recibido medidas coercitivas, entre ellos, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
RT espanol
