La Justicia ordena al Gobierno de Milei repartir alimentos que estaban almacenados en depósitos

Publicado: 27 may 2024 23:39 GMT

El juez Sebastián Casanello le dio 72 horas al Ministerio de Capital Humano para que distribuya las 5.000 toneladas de productos en los comedores sociales.

La Justicia de Argentina intimó este lunes al Gobierno de Javier Milei a repartir unas 5.000 toneladas de alimentos que se encontraban almacenados en un depósito, mientras los comedores sociales denuncian faltantes de mercadería en medio de una creciente demanda.

En su resolución, citada por La Nación, el juez federal Sebastián Casanello le da 72 horas al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, para informar la cantidad de productos alimenticios que están guardados en inmuebles de la cartera, en las provincias de Buenos Aires y Tucumán. Los alimentos habían sido adquiridos por la anterior gestión, de Alberto Fernández.  

Casanello exige al ministerio que presente «un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato».

El Gobierno apelará

Desde el Gobierno señalaron que apelarán la decisión, por considerar que la Justicia no debe entrometerse en decisiones del Ejecutivo en materia social. 

«Consideramos que no es algo de índole judicial, sino una cuestión de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública», dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Y agregó que esos alimentos «son reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes». 

Según aseguró Adorni, «no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura».

Además, afirmó que la acusación tiene que ver con el enojo de algunos porque el Gobierno terminó con «los intermediarios», dijo en referencia a los movimientos sociales.  

Dos semanas atrás, el ministerio de Pettovelllo presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en cerca del 50 % de los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia.

La falta de entrega de alimentos había sido denunciada en febrero por el dirigente social y excandidato a presidente Juan Grabois, un hombre cercano al papa Francisco e impulsor de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

En su presentación, Grabois, de profesión abogado, sostuvo que se estaban violando las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, y que estaban siendo afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.

Durante la investigación, la Fiscalía requirió información al Ministerio de Capital Humano con relación a «la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024», pero no obtuvo respuesta, según consta en la causa. 

Destinada a mitigar el hambre

Este lunes, Grabois salió a desmentir a Manuel Adorni y a Pablo de la Torre, funcionario del Ministerio de Capital Humano a cargo de Niñez y Familia. 

«La mercadería acaparada en los galpones de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán) están destinadas a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil. Así lo dice textualmente el convenio de adquisición con la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura», señaló el denunciante desde sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que existe un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que también está encarado desde el «abordaje comunitario» para mitigar situaciones de vulnerabilidad. Y sumó como prueba documentos originales de ese acuerdo por medio del cual se adquirieron los alimentos.

«Las mentiras del Ministerio de Capital Humano encubren un crimen que suma al incumplimiento de los deberes de funcionario el abandono de personas», manifestó Grabois. 

Se trata de un tema sensible para el Gobierno, porque se produce en el marco de una profunda recesión, aumento de la pobreza y recortes del gasto público por parte del Estado, mientras crece la cantidad de personas que acuden a comedores comunitarios para poder comer al menos una vez al día.