El megacentro de policía en la Amazonía colombiana financiado por EE.UU.
De acuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro, quien prometió hacer de la nación suramericana una «potencia mundial de la vida», la cooperación internacional se ha convertido en una herramienta indispensable para garantizar la preservación del medio ambiente.
En este contexto, resalta el respaldo y financiamiento brindado por el Gobierno estadounidense, en particular de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), una instancia que depende del Departamento de Estado.
Ni bien ha concluido de resolverse la controversia en torno a las obras en isla Gorgona, que en abril fueron objeto de la suspensión temporal de un juez, cuando ya se alista otro proyecto, en el Amazonas, para proteger el medio ambiente con el apoyo de Washington.
Las claves
La Policía Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Defensa, solicitó a mediados de febrero de este año la donación de un bien inmueble fiscal para poner en marcha un proyecto bajo los auspicios de EE.UU. con el objetivo, según la versión oficial, de salvaguardar la Amazonía.
La Asamblea departamental aprobó la solicitud el pasado 13 de marzo, sin embargo, el proceso de adjudicación todavía no ha concluido: hace falta tramitar varios documentos para formalizar el procedimiento.
El predio fiscal está registrado con el nombre de finca Marindo –Lote San Sebastián Los Lagos, se localiza en la vía San Sebastián– San Antonio, justo enfrente de la Estación Repetidora de Caracol Radio S.A., y es propiedad de la Gobernación del Amazonas.
La unidad policial estaría a cargo de los programas de seguridad rural, la protección de la Amazonía y el combate de delitos medioambientales de alcance transnacional.
En el documento de la Gobernación que da cuenta de la solicitud, se lee que se pretende llevar a cabo la «construcción de una unidad policial de carabineros y protección ambiental en la que se implementará un proyecto especial cofinanciado con recursos de cooperación internacional«.
La unidad policial estaría a cargo, de acuerdo con la Gobernación, de los programas de seguridad rural, la protección de la Amazonía y el combate de delitos medioambientales de alcance transnacional.
Según la autoridad gubernamental, de cara a la ola de delitos medioambientales que tienen lugar en los ocho departamentos que integran la Amazonía colombiana, incluyendo la minería ilegal y la deforestación, resulta clave la articulación de acciones orientadas a salvaguardar los recursos naturales.
De ahí la urgente necesidad, se apunta en el documento, de echar mano de «herramientas tecnológicas, capacidades operacionales y humanas dispuestas con el objetivo de dar una respuesta coordinada, eficiente y oportuna».
EE.UU. jugará un rol no menor: la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley estará a cargo del financiamiento.
Son varias las dependencias convocadas a participar en el proyecto, entre ellas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Parques Nacionales Naturales y las Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible.
En cuanto a la participación de terceros países, cabe destacar que se contempla no solo a los que forman parte de la región amazónica; EE.UU. jugará un rol no menor: la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), estará a cargo del financiamiento.
De acuerdo con el Despacho del Gobernador del Amazonas, Oscar Enrique Sánchez Guerrero, es un proyecto que estará compuesto por «infraestructura ecosostenible». En su primera fase, se estipula que contará con:
- Una sala de crisis y monitoreo.
- Áreas para dotación equina y canina.
- Un salón multipropósito.
- Aulas de capacitación e instrucción.
- Una unidad de análisis y fusión de información.
- Áreas multipropósito.
- Áreas de alojamiento.
- Un centro de innovación e investigación.
En aras de cumplir con la misión de proteger la región amazónica, cabe precisar que uno de los aspectos más relevantes de este ‘centro de integración transnacional’ será su capacidad para monitorear y recabar información.
Contará con equipo de alta tecnología para el procesamiento, análisis y explotación de elementos de información geoespacial (imágenes satelitales, sensores aerotransportados, radar, lidar, sar, fotografía aérea, etc.).
Adicionalmente, se instalarán servidores de hiperconvergencia y de almacenamiento robusto, alta conectividad y se hará uso de equipo de tipo operacional (drones, sistemas aéreos remotamente tripulados) y de movilidad.
Las obras, de acuerdo con el Despacho del Gobernador, buscan convertirse en una importante contribución para «fortalecer la gobernanza y el control territorial de la fuerza pública en el Amazonas».
La presencia de la unidad policial especializada, se lee en el documento, será de carácter permanente, esto para garantizar el equilibrio ecológico de la zona y cumplir con los intereses nacionales y los compromisos internacionales en materia de protección del medio ambiente.
Integrantes de organizaciones en defensa de los derechos de la naturaleza, sin embargo, consideran que el megacentro policial no es sino un proyecto impuesto por EE.UU. que, desde buen tiempo atrás, tiene la mira puesta en consolidar su posición y control sobre uno de los ‘pulmones de la Tierra’.
¿Otra vez el ‘lavado verde’?
En entrevista, Kevin Murillo, miembro de la organización ‘Defendamos nuestra Amazonía’, sostiene que el megacentro policial, con un financiamiento estimado en 5 millones de dólares, pretende construirse utilizando el mismo argumento con el que se impulsó el proyecto militar en isla Gorgona.
Murillo asegura que se trata, otra vez, de una obra con ‘lavado verde’ (‘greenwashing’, en inglés): el megacentro de Policía se intenta justificar bajo la idea de que resulta imprescindible para la defensa del medio ambiente.
Por su parte, el Gobierno departamental, encabezado por Oscar Enrique Sánchez Guerrero, surgido de la coalición del Pacto Histórico, considera que no existen las condiciones presupuestales ni las capacidades de operación para poner en marcha un proyecto de este tipo sin financiamiento externo.
Así lo señaló durante su intervención César Chávez Parra, titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Gobierno de Sánchez Guerrero, ante la Asamblea departamental el pasado 13 de marzo.
«Nosotros estamos convencidos de que no tenemos los recursos ni las posibilidades de defender el Amazonas (…) el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional con la Embajada de EE.UU. es fundamental, de máxima importancia y estratégico».
El Gobierno estadounidense se ha abocado a establecer diversos acuerdos de cooperación con la administración del presidente Gustavo Petro dirigidos a fortalecer la seguridad en el hemisferio.
Uno de ellos, es la carta de implementación de proyecto, suscrita a mediados de febrero de este año entre la Fuerza Aérea colombiana y la INL para «promover estrategias que apoyen el desarrollo de operaciones encaminadas a contrarrestar el accionar delictivo de estructuras criminales de alcance transnacional».
Este acuerdo ha sido clave en el marco de la propuesta de instalación de un megacentro de policía en la Amazonía. Uno de los artífices es Kevin T. Murakami, director de la INL en Bogotá quien, públicamente, defiende el involucramiento de EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Así las cosas, Colombia ha terminado por consolidar su alineamiento con la estrategia de seguridad hemisférica estadounidense: la cooperación entre ambos países enfatiza el objetivo de «salvaguardar la integridad del espacio aéreo regional, nacional y mejorar la seguridad de la región».
Para cumplir con esa misión, en la carta de implementación del proyecto se propone el fortalecimiento de las capacidades operativas, logísticas, geoespaciales y de entrenamiento de Colombia mediante soporte técnico, transferencia de conocimientos y recursos para utilizar aeronaves remotamente pilotadas, interdicción aérea e intercambio de imágenes satelitales y aéreas.
Riesgos de violaciones a los DD.HH.
Igual que sucedió en el caso del proyecto militar en isla Gorgona, en el Amazonas las comunidades no han sido consultadas, lamenta Kevin Murillo. La mayoría de los habitantes de la zona, asegura el activista, ni siquiera tienen a la mano información sobre el proyecto.
En contraste con el proyecto impulsado en Gorgona, que se dio a conocer en escala nacional por efecto de la movilización de organizaciones en defensa del medio ambiente, Murillo comenta que la propuesta de construir un megacentro policial en el Amazonas prácticamente ha pasado desapercibida.
Los riesgos en torno al proyecto en el Amazonas son varios. El primero, asevera, es la violación de la soberanía nacional: el financiamiento de EE.UU. podría propiciar que la nación suramericana se subordine una vez que el megacentro policial se ponga en marcha.
«Sabemos que la Embajada de EE.UU. no es precisamente una hermana de la caridad. Estoy seguro que ningún alto mando colombiano le dará órdenes a un alto mando estadounidense, no hay que ser ingenuos».
Igual que sucedió en el caso del proyecto militar en isla Gorgona, en el Amazonas las comunidades no han sido consultadas, lamenta Kevin Murillo.
Por otro lado, Murillo advierte que las instalaciones y el equipo que se pretenden desplegar, con el objetivo de monitorear y recabar información de la zona, ponen en un serio predicamento los derechos humanos de las comunidades que viven en la región.
Y es que muy cerca del predio donde se tiene planeado implementar el proyecto, explica, se localiza el resguardo indígena de San Sebastián de Los Lagos.
Una vez que comiencen a funcionar los sistemas aéreos no tripulados con capacidad de sobrevolar los resguardos indígenas, Murillo cuestiona quién se encargará de garantizar que no se viole el derecho a la imagen y la privacidad de las comunidades.
Para Murillo, el proyecto en el Amazonas constituye, en realidad, una base militar de facto. Una unidad de carabineros que, en última instancia, será un enclave a disposición de EE.UU. en una de las zonas con mayores riquezas naturales del planeta.
Al corte de caja de hoy, las consecuencias de la instalación de bases militares auspiciadas por Washington, recuerda Murillo, han sido dramáticas: violaciones de los derechos humanos que quedaron en la impunidad.
En el año 2003, en Melgar, Girardot y Tumaco fueron violadas más de 53 niñas por contratistas, militares o funcionarios estadounidenses albergados en la base militar de Tolemaida, hechos que en su momento fueron documentados por la defensoría del pueblo.
No obstante, en ninguno de estos casos hubo castigo a los responsables. En Tumaco, de hecho, concluye Kevin Murillo, se reveló que la prostitución infantil, con todo y la instalación de la base militar estadounidense, aumentó.
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RT espanol
