El estado que se convirtió en el epicentro de la guerra contra los migrantes
El gobernador de Texas, Greg Abbott, considera al presidente de EE.UU., Joe Biden, una autoridad que «no ha hecho nada» contra los migrantes irregulares y, en consecuencia, ha dejado a su estado en situación de indefensión.
De acuerdo con las estimaciones de Abbott, en apenas tres años, unas seis millones de personas han cruzado la frontera de manera irregular, una cifra equivalente a la población de 33 estados de la Unión Americana.
Para el gobernador de Texas, los flujos de migrantes constituyen una «invasión» frente a la cual la administración de Joe Biden no ha cumplido con su mandato constitucional de «proteger» a los estados de la Unión, como lo establece el artículo IV.
De cara a este escenario, Abbott ha emprendido un conjunto de acciones en contra de la población migrante que, a su juicio, se amparan en el artículo uno de la Constitución, que reserva a cada uno de los estados el derecho a la autodefensa.
Un ‘muro flotante’ en la frontera
Para contener la migración, la administración de Abbott ha recurrido a medidas de carácter disuasivo (y punitivo) que, organizaciones civiles, así como los Gobiernos de México y EE.UU., consideran violatorias de los derechos humanos.
El año pasado, Abbott ordenó la instalación, a lo largo del río Grande, de un ‘muro flotante‘ de boyas con púas. Una barrera que por lo menos medía 300 metros.
El Gobierno de Joe Biden emplazó a Abbott a retirar las boyas. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Fue entonces cuando el Departamento de Justicia interpuso una demanda judicial por considerar anticonstitucional la medida, dado que la zona en donde fueron colocadas las boyas es considerada una jurisdicción federal bajo el control de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de EE.UU.
Además, el despliegue de la barrera es violatorio de dos tratados internacionales, el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y el Tratado de Límites de 1970, que establecen que el cauce de ríos internacionales debe ser libre y, por lo tanto, no puede haber construcción de obras que provoquen la desviación u obstrucción de la corriente normal.
La Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno mexicano, por su parte, envió dos notas diplomáticas a su par estadounidense, en las que expresaba «preocupación» sobre el impacto a los derechos humanos y la seguridad de los migrantes.
En una de sus conferencias de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, con estas acciones, Abbott pretendía ganar popularidad de cara a las elecciones de 2024.
«Todo esto que está haciendo el gobernador de Texas (…) es politiquería, publicidad, una actitud demagógica (…) es la búsqueda de votos, un populismo ramplón», sentenció el mandatario el 12 de julio del año pasado.
En diciembre, un juez federal dictaminó finalmente que esta medida emprendida por Abbott era ilegal, con lo cual, le terminó dando la razón a un tribunal inferior que había emitido un fallo en el mismo sentido tres meses antes.
En agosto del año pasado, en el ‘muro flotante’ fueron encontradas dos personas muertas. Hasta la fecha, sin embargo, se desconoce si las boyas con púas provocaron los decesos.
Un campamento base militar
Con vistas a agilizar el despliegue de las Fuerzas Armadas, Abbott contempla proyectos de infraestructura en la frontera como parte de la Operación Estrella Solitaria, la estrategia de su Gobierno para hacer frente a lo que denomina una «crisis fronteriza».
Hace unas semanas, anunció la construcción de un campamento base militar en la ciudad de Eagle Pass, con el objetivo de albergar elementos de la Guardia Nacional bajo el mando del gobierno estatal.
De esta manera, se facilitarían las operaciones de las Fuerzas Armadas que, alojadas en estas instalaciones, podrían desplazarse rápidamente a lo largo de la frontera entre Texas y México.
Según información proporcionada por el mayor general Thomas Suelzer, jefe del Departamento Militar de Texas, el proyecto contempla los siguientes elementos:
- Puestos de mando.
- Salas de almacenamiento de armas.
- Zonas de mantenimiento de vehículos.
- Una plataforma para helicópteros.
Estas instalaciones estarán localizadas a solo seis millas al sur de Shelby Park, una zona bajo el control del Gobierno de Abbott y que ha sido habilitada para interceptar a los migrantes.
La empresa a cargo de la construcción de este campamento, Team Housing Solutions, estima que su puesta en marcha tendrá lugar la primera semana de septiembre de este año y su costo rondará los 131 millones de dólares.
«Debido a la magnitud de lo que estamos haciendo, debido a la necesidad de mantener y ampliar nuestros esfuerzos (…) es esencial que construyamos este campamento base», declaró Abbott a mediados de febrero pasado.
Con todo y campamento, sin embargo, las detenciones (y deportaciones) instruidas por Greg Abbott continuarían careciendo de sustento legal.
De ahí su urgencia de hacer realidad la implementación de la ley SB4 (una vez superados los bloqueos por parte del Poder Judicial) que ha encontrado oposición tanto dentro como fuera de EE.UU.
Suspensión de la ‘Ley Texas’
Otra de las acciones impulsadas por Greg Abbott en contra de los migrantes es una ley que pretende dar luz verde a policías y jueces locales para detener, encarcelar y deportar extranjeros «sospechosos» de ser migrantes sin documentos.
Esta ley contempla, además, delitos menores y graves: multas que pueden llegar hasta los 2.000 dólares o condenas de hasta 20 años de cárcel.
El Gobierno federal estadounidense informó a principios de este año que, a través del Departamento de Justicia, presentaría un recurso de impugnación ante la Corte Suprema, igual que lo hizo tras la instalación del cerco de boyas con púas.
A principios de marzo, la Corte Suprema falló en contra de la ‘Ley Texas’ y declaró su suspensión, pero únicamente de forma temporal. El 19 de marzo, sin embargo, el mismo juzgado aprobó levantar la suspensión.
La ley estuvo en vigor algunas horas hasta que un tribunal inferior la volvió a suspender e instó al Gobierno de Texas a presentar sus argumentos.
Finalmente, el 27 de marzo el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. rechazó la moción del gobierno estatal y determinó que la ‘Ley Texas’ quedaría bloqueada hasta que se resuelva si viola o no la Constitución.
En entrevista, Ana María Aragonés, investigadora especializada en migración del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que el primer fallo de la Corte Suprema reveló que el Poder Judicial se ha «mantenido firme» en defender que la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y el Congreso estadounidense.
No obstante, en caso de que en algún momento la ‘Ley Texas’ fuera convalidada por la Corte Suprema, la investigadora advierte que se sentaría un «grave precedente» que daría pie a que otros Gobiernos estatales emprendieran acciones similares a las de Abbott.
En las Cámaras de Representantes de Oklahoma, Georgia y New Hampshire ya se discute la aprobación de leyes con el objetivo de facultar a las policías locales para que detengan a migrantes sin documentos.
De hecho, aun cuando la ‘Ley Texas’ está suspendida, cabe destacar que, en varios estados de la Unión Americana con gobernadores surgidos de las filas del Partido Republicano, se están promoviendo leyes muy parecidas.
En las Cámaras de Representantes de Oklahoma, Georgia y New Hampshire ya se discute la aprobación de leyes con el objetivo de facultar a las policías locales para que detengan a migrantes sin documentos.
En un año electoral en EE.UU., si bien la Corte Suprema falló en un primer momento en contra de la instrumentación de la ley, Aragonés considera que «no se puede descartar que en algún momento su resolución apunte en otro sentido».
La respuesta del Gobierno mexicano
Aragonés comenta que las medidas adoptadas por Abbott buscan no solo vulnerar todavía más a los migrantes, sino ganarse la simpatía de Donald Trump para convertirse en candidato a vicepresidente.
La catedrática explica, sin embargo, que más allá de la narrativa, sectores clave de la economía estadounidense requieren mano de obra migrante.
«En su mercado de trabajo existen aproximadamente seis millones de vacantes que ellos no podrían llenar, necesitan a los migrantes. Y no olvidemos que el comercio favorece a Texas, no a México. Si se cierra la frontera, los primeros afectados serían los texanos», apunta la especialista.
La participación de los migrantes en el mercado de trabajo se ha expandido de forma abrumadora. Según datos publicados por la Oficina del Censo de EE.UU., en 2022 la población migrante representó un 18,1 % de la fuerza laboral, mientras que en 1970 su participación era de apenas un 5 %.
Para López Obrador, las medidas tomadas por el gobernador de Texas son de carácter «electoral», una estrategia orientada a ganarse el voto de los estadounidenses que miran con rechazo a la población migrante.
Desde el punto de vista del Gobierno de López Obrador, los mexicanos que viven en EE.UU. no solo no representan una carga, sino que contribuyen de manera significativa al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, los trabajadores mexicanos que viven en EE.UU., sin importar su estatus migratorio, aportan unos 324.000 millones de dólares al año a la economía de ese país.
De ahí que, para López Obrador, las medidas tomadas por el gobernador de Texas son de carácter «electoral», una estrategia orientada a ganarse el voto de los estadounidenses que miran con rechazo a la población migrante.
En mayo del año pasado, López Obrador convocó a los mexicanos que viven en la Unión Americana, a reflexionar el sentido de su voto de cara a los comicios de noviembre próximo.
«Decirles a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses, que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos», sentenció el mandatario.
El llamado lo lanzó luego de que el senador republicano, John Neely Kennedy, declarara de forma despectiva que, sin el apoyo de la Unión Americana, las condiciones de los mexicanos serían muy precarias: «Sin EE.UU., México estaría comiendo comida para gato».
Por su parte, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial del oficialismo, y quien encabeza las preferencias en los sondeos, ha respaldado la postura de López Obrador frente a la política contra los migrantes, enfatizando la necesidad de hacer valer la soberanía de México.
Sin embargo, hasta el momento, Sheinbaum no ha dado a conocer un plan detallado sobre cómo abordará el fenómeno migratorio ni cuál será la estrategia de defensa de los mexicanos que viven en EE.UU., en caso de convertirse en presidenta en 2024.
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