Publicado: 10 may 2024 07:45 GMT
Hasta el jueves, las autoridades argentinas contabilizaron 3.856 denuncias de aprietes mientras se desarrollaba el paro nacional contra las políticas de Javier Milei.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, ha asegurado este jueves que las autoridades no dejarán sin respuesta las cuantiosas denuncias contra los así llamados aprietes, uno de los métodos de protesta más usados en la nación suramericana para hacerse oír y llamar la atención del Gobierno.
Fieles a la lógica de que ‘el que no aprieta no consigue nada’, los participantes del segundo paro nacional contra las políticas de Javier Milei paralizaron Argentina en un clima de recortes y precarización salarial.
«Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde recibimos 3.856 denuncias y el sistema no te permite muchas más, porque es un sistema acotado», declaró Bullrich en entrevista con La Nación. «Directamente, el día de mañana judicializamos todo, todos aquellos, para eso ponemos el teléfono. No vamos a poner un teléfono a recibir datos y después traicionar la voluntad de la gente que llamó, que denunció, y no hacer nosotros una denuncia consecuente para proteger a la gente que justamente denunció», agregó.
Por otra parte, volvió a cargar contra los líderes sindicales, al tacharlos de «mafiosos y llenos de plata». «¿A quién representan? Solo tienen el poder de parar el transporte. ¿Y cómo lo hacen? Amedrentando», aseveró. En este contexto, trató de minimizar el efecto de la huelga, al considerar que fue «un paro que demuestra la debilidad del sindicalismo».
Calles semivacías; oficinas estatales, escuelas, bancos, comercios y restaurantes cerrados; vuelos suspendidos; escaso transporte público y hospitales únicamente con atención de emergencia fueron algunos de los efectos de la jornada de protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA, que está dividida en dos fracciones).
Los motivos del reclamo son múltiples. Por ejemplo, contra la reforma laboral que promueve el Gobierno en la Ley Bases que discute el Congreso y que profundiza la precarización de millones de trabajadores.
También se debe a la crisis económica que se ha agravado y que, en solo cinco meses, ha incrementado drásticamente la pobreza, que hoy ronda el 50 %, en tanto que los salarios registran una pérdida del 17 % de su poder adquisitivo.
RT espanol
