México registra un incremento de ataques con drones por parte del crimen organizado

Publicado: 9 mar 2024 04:01 GMT

Los militares indicaron que tienen un plan para adquirir tecnología que les permita «contrarrestar la acción de los drones» y lograr «la ubicación rápida de este tipo de artefactos explosivos».

El crimen organizado de México ha aumentado el uso de drones para atacar a miembros de las fuerzas armadas y civiles o disputar espacios con otras bandas; y ante ello, el Gobierno prepara un plan para repeler las agresiones.

«Efectivamente, hemos tenido algunas agresiones con drones y principalmente aquí, en Michoacán, que es el estado donde se han incrementado, hemos tenido el mayor número aquí», dijo este viernes el jefe del Ejército mexicano, Luis Cresencio Sandoval, en la conferencia de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, realizada en esa entidad.

La semana pasada, un ataque armado contra miembros del Ejército, presuntamente cometido con drones y una mina terrestre, dejó cuatro uniformados muertos y otros nueve heridos.

El hecho ocurrió en los límites de los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec, justamente de Michoacán, cuando los militares transitaban por un camino rural y fueron sorprendidos por civiles armados con rifles de asalto, quienes usaron drones para arrojar explosivos.

«Fue en la Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro, y ahí en la maleza había una trampa con explosivos, y venían juntos, y por esa explosión ahí mismo falleció un militar; y luego, heridos, los atendieron, pero no pudieron salvarlos. Muy lamentable«, dijo López Obrador al respecto en su rueda de prensa del 1 de marzo.

A principios de enero se conoció que en el estado de Guerrero, vecino de Michoacán, fueron asesinadas 30 personas mediante un ataque con drones. Los autores serían miembros del grupo criminal Familia Michoacana.

605 detecciones

De acuerdo con un informe presentado por el Gobierno de México en 2023, entre 2020 y agosto del año pasado se detectaron explosivos en al menos 605 drones, cuestión que ha ido en aumento cada año.

En 2020, según el documento, se localizaron y destruyeron cinco drones con explosivos; la cifra subió a 107 en 2021, a 233 en 2022 y a 260 solo en los primeros ocho meses de 2023.

Estos aparatos han sido utilizados como armas, luego de haber sido empleados, en un principio, para el contrabando de drogas o tareas de vigilancia. Con el uso de los drones, los cárteles han comenzado a dejar de lado los autos blindados con grupos de hombres fuertemente armados y otras técnicas para disputarse las plazas, reseñó Reporte Índigo.

Medidas

Sandoval señaló en la conferencia de prensa de este viernes que, además de los drones, también han registrado el uso de artefactos explosivos improvisados contra los militares que realizan patrullaje.

El funcionario detalló que tan solo en Michoacán han logrado confiscar alrededor de 980 de estos artefactos explosivos.

Ante esa situación, las autoridades están tomando medidas. «Se ha estado viendo cuáles serían las acciones que nos llevarían a proteger más a nuestro personal», aseguró Sandoval.

Indicó que tienen un plan para adquirir tecnología que les permita «contrarrestar la acción de los drones» y lograr «la ubicación rápida de este tipo de artefactos explosivos», a fin de evitar que causen daño al personal militar cuando está realizando actividades de reconocimiento o patrullaje en las áreas donde tiene presencia la delincuencia organizada.

Sandoval adelantó que el plan será presentado al Gabinete de Seguridad para —reiteró— contar con las herramientas tecnológicas que permitan garantizar la seguridad que requiere el personal.

Un proyecto de ley para penalizar y combatir el uso de drones como armas y cualquier otro uso ilegal de estos dispositivos se encuentra estancado en el Congreso. La iniciativa, presentada por López Obrador, plantea hasta 40 años de prisión por estos delitos. Fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero aún está pendiente en el Senado.